La iniciativa legislativa presentada tendrá ingreso oficial en la sesión ordinaria de mañana y será girada a las comisiones asesoras. El proyecto cuenta con la firma de las senadoras Esperanza Martínez (PPC), Blanca Ovelar (ANR, disidente), Yolanda Paredes (PCN), Rafael Filizzola (PDP) y José Oviedo (Yo Creo).
Los recursos en cuestión estaban previstos para dos llamados de contratación de Itaipú: uno para difusión de anuncios públicos en medios digitales y otro para la organización de eventos institucionales con logística.
Estos programas forman parte de una estrategia de comunicación estatal que incluye publicidad digital, campañas en redes sociales y contratación de servicios de difusión, incluso influencers y producción de eventos.
Sin embargo, los legisladores cuestionan que este tipo de gastos se mantengan en medio de la crisis del sistema de salud pública.
“No se puede gastar en propaganda mientras faltan medicamentos”
En la exposición de motivos del proyecto de ley, los senadores sostienen que no es justificable destinar casi G. 10.000 millones a comunicación institucional cuando hospitales públicos enfrentan carencias críticas.
Entre los principales problemas mencionados se encuentran la falta de medicamentos, equipos médicos sin mantenimiento, deudas con proveedores, infraestructura deteriorada y servicios tercerizados con atrasos de pago.
“En un contexto de crisis sanitaria, la prioridad debe ser el sistema de salud y no la propaganda estatal”, argumenta el documento.
A qué se destinaría el dinero
El proyecto establece que los fondos sean reasignados directamente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para cubrir obligaciones pendientes.
Entre los rubros mencionados figuran la compra de medicamentos, mantenimiento de equipos biomédicos, servicios de diálisis, limpieza hospitalaria, diagnósticos por imágenes, terapias, vigilancia y alimentación de pacientes internados.
La iniciativa se apoya en el artículo 176 de la Constitución Nacional, que establece que el Estado debe utilizar los recursos públicos de forma racional para garantizar el bienestar general.
Según los legisladores, este principio obliga a priorizar áreas críticas como la salud pública por sobre gastos comunicacionales o de posicionamiento institucional.
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El proyecto reabre el debate sobre el uso de fondos públicos en campañas de comunicación estatal en medio de la crisis sanitaria.
Los impulsores sostienen que la reasignación no solo aliviaría la deuda del sistema de salud, sino que también permitiría mejorar la atención en hospitales públicos y garantizar la continuidad de servicios esenciales.
Ahora, la propuesta deberá ser analizada en comisiones del Congreso antes de su eventual tratamiento en el pleno.