El arquitecto Gustavo Masi, director de Infraestructura del Instituto de Previsión Social (IPS) durante el Gobierno de Horacio Cartes, rompió el silencio para refutar categóricamente las irregularidades señaladas por recientes auditorías sobre el fideicomiso firmado con el Banco Atlas.
Sus declaraciones echan por tierra la narrativa sobre supuestas obras “inconclusas” y defienden el alcance de un instrumento financiero que, según sus palabras, salvó a la previsional del colapso.
El rescate de 15 hospitales
Al asumir su cargo en 2015, Masi relató haberse encontrado con un escenario de crisis generalizada. “Había 15 hospitales parados desde la época de Fernando Lugo, toditas [las obras] con anticipo. Lo que nos saltó es el 100% del anticipo en dos de ellas, y estaban con problemas técnicos que nadie resolvía”, dijo el exfuncionario.
Sobre la caótica situación administrativa, Masi recordó que “todas las obras estaban paradas porque no había presupuesto” asignado para concluirlas. Frente a esta situación, se creó la figura del fideicomiso como la única vía idónea para poder reactivar las construcciones.
Precisamente por esto, la ejecución de trabajos bajo la cláusula de “otros centros de salud” estuvo prevista desde el inicio del acuerdo en 2017. Masi argumentó que el IPS es una institución dinámica que muchas veces “explota” por la urgencia y la necesidad, por lo que el plan requería esta flexibilidad para no dejar los hospitales en ruinas.
Tras el rechazo del Banco Nacional de Fomento (BNF) y otras entidades para administrar estos fondos, el IPS adjudicó el acuerdo al Banco Atlas por presentar la oferta económica más baja.
Gracias a esta inyección de capital, la institución logró finalmente rescatar las obras, terminar los nosocomios e incrementar drásticamente su capacidad de internación, pasando de 1.000 a 3.000 camas.
Obras existen y se aprobaron

Una de las principales falacias instaladas por el oficialismo es la existencia de trabajos pagados y no realizados.
Ante esto, Masi dijo que toda la ejecución de infraestructura que estuvo bajo su cargo fue realizada en su totalidad. “Mentira, se hicieron todas las obras. El 100% de las obras están terminadas” dijo.
Sobre los proyectos “inconclusos” que hoy se cuestionan, Masi explicó que la única infraestructura paralizada en la actualidad es el Hospital Día. Aseguró que esto ocurrió bajo las administraciones de Andrés Gubetich y Vicente Bataglia. En la misma línea, disparó sobre el caso de la Clínica 12 de Junio, acusando que Bataglia modificó irresponsablemente el programa original en plena obra.
El rol del Consejo de IPS
Masi recordó que todas las adjudicaciones y pagos contaron con el aval absoluto de las máximas instancias, desligándose de decisiones unilaterales.
“La máxima autoridad es el Consejo de Administración, no el presidente. El presidente puede no estar de acuerdo, pero el Consejo le vota, le gana, y se hace lo que dice el Consejo”, remarcó. “Yo me presento, no tengo miedo a la Fiscalía, al juzgado, de nadie, donde sea, voy a ir a hablar de lo que me tengan que preguntar”, dijo.
La primera y mayor emisión de título de crédito por G. 324.500 millones, además de la firma de órdenes de pago, tuvieron lugar en el gobierno de Cartes.
Irónicamente, fue el saliente titular de IPS puesto por Peña, Jorge Brítez, quien fungiendo como consejero autorizó pagos por las mismas obras que hoy el oficialismo califica de “fantasma” con cuestionada auditoria.
Fideicomiso avalado por Peña
Pese a la intensa campaña que intenta posicionar al fideicomiso del IPS como un esquema irregular nacido en administraciones posteriores, la documentación oficial y los testimonios demuestran que la operación se gestó y comenzó a ejecutarse plenamente bajo el gobierno cartista.
Benigno López, expresidente del IPS, confirmó que la Ley N° 5655/2016, que habilitó esta figura financiera, fue posible gracias al respaldo directo del entonces presidente Horacio Cartes y de su ministro de Hacienda, el hoy presidente Santiago Peña, quien incluso hizo fuerte lobby en el Congreso para lograr su aprobación.
El acuerdo fiduciario final por G. 828.800 millones se firmó el 13 de diciembre de 2017. Irónicamente, el expresidente del IPS puesto por Peña, Jorge Brítez, quien en 2017 fungía como consejero del ente, fue uno de los primeros en firmar y autorizar pagos millonarios por obras en “otros centros de salud“, exactamente las mismas obras que hoy el oficialismo tilda de “fantasmas”.
