La Comisión de Asuntos Constitucionales que realiza las audiencias públicas de los postulantes para la Contraloría General de la República escuchó este lunes a la segunda tanda de candidatos que expusieron sus planes de trabajo en caso de integrar la terna que posteriormente deberá votar la Cámara de Senadores.
Las presentaciones estuvieron marcadas por propuestas de modernización institucional, incorporación de inteligencia artificial, fortalecimiento de auditorías preventivas, transparencia y mecanismos para recuperar recursos públicos desviados mediante hechos de corrupción.
Sin embargo, el eje de la jornada terminó desplazándose hacia un tema impulsado reiteradamente por el presidente de la comisión, el senador cartista Javier Zacarías Irún, quien volvió a instalar el debate sobre la relación entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas.
La supuesta “laguna legal”
Durante varias intervenciones, Zacarías Irún sostuvo que existe un vacío normativo que provoca conflictos entre ambas instituciones. Según expuso, la Contraloría realiza auditorías que carecen de efecto vinculante, mientras que el Tribunal de Cuentas sí dicta resoluciones con carácter jurisdiccional que otorgan seguridad jurídica a los administradores públicos.
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A criterio del legislador, el problema radica en que el Tribunal de Cuentas puede emitir resoluciones sin contar previamente con auditorías técnicas elaboradas por la Contraloría, por lo que planteó la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación entre ambas instituciones.
“Para mí, la Contraloría debe actuar a priori y el Tribunal de Cuentas a posteriori”, expresó durante la audiencia, al señalar que buscará impulsar una solución legal para zanjar lo que calificó como una “laguna” existente en el sistema de control estatal.
Un debate que revive una vieja controversia
La posición expuesta por Zacarías Irún reabre una discusión que históricamente ha sido objeto de cuestionamientos de parte de la propia institución contralora.
En diversas oportunidades se criticó que administradores públicos recurran al Tribunal de Cuentas para obtener resoluciones que, en la práctica, terminan bloqueando o limitando auditorías posteriores de la Contraloría, mecanismo conocido como el puenteo al organismo constitucional de control.
Precisamente sobre ese punto giraron varias de las respuestas de los candidatos, a raíz de la consulta del senador Zacarías Irún.
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El postulante Carlos Vera Ruiz, actual magistrado, explicó que la Ley N.º 276/94 contempla situaciones en las que determinadas instituciones pueden quedar bajo intervención del Tribunal de Cuentas, aunque sostuvo que este órgano posee funciones eminentemente jurisdiccionales y no cuenta con la misma estructura técnica de auditoría que la Contraloría.
A su turno, Rolando Martínez diferenció claramente las competencias de ambas instituciones al señalar que la Contraloría investiga y audita la administración financiera del Estado, mientras que el Tribunal de Cuentas juzga posteriormente esos actos administrativos.
Los candidatos priorizan modernización y prevención
Más allá del intenso intercambio sobre el Tribunal de Cuentas, los postulantes enfocaron sus exposiciones en fortalecer la capacidad operativa de la Contraloría.
Rolando Martínez advirtió que el presupuesto destinado a capacitación resulta insuficiente para preparar al personal en el uso de herramientas de inteligencia artificial, una de las principales apuestas para modernizar los procesos de fiscalización.
Por su parte, Dionisio Valinotti propuso implementar auditorías basadas en riesgos, desarrollar matrices nacionales para detectar focos de corrupción, establecer alertas tempranas y publicar de manera transparente los resultados de las auditorías y los niveles de cumplimiento de las instituciones públicas.
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El abogado Lorenzo Scavenius sostuvo que la Contraloría dispone de personal capacitado, pero necesita una conducción independiente que no responda a intereses políticos y que impulse controles efectivos sobre gobernaciones y municipalidades.
Mientras tanto, Óscar Forestieri planteó fortalecer el intercambio de información en tiempo real con instituciones como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y el Banco Nacional de Fomento para detectar irregularidades antes de que los hechos de corrupción se consumen.
También apuntó al Ministerio Público
Otro de los ejes planteados por Zacarías Irún fue el escaso resultado de las denuncias remitidas por la Contraloría al Ministerio Público.
El senador sostuvo que numerosos informes técnicos terminan “encajonados” sin una definición fiscal y planteó analizar reformas legales que establezcan plazos para que la Fiscalía investigue, desestime o impulse las causas derivadas de auditorías del organismo contralor.