La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley Nº 96/1992, “de vida silvestre” sobre los requisitos para la práctica de la caza en nuestro país. Entre otras innovaciones, agrega la posibilidad de que extranjeros puedan gestionar permisos para dicha práctica.
Ante esto, el presidente de la Asociación de Cazadores del Paraguay (APC), Diego Zavala, señaló que acompañaron el debate de estas reformas, convencidos de que lo que apuntan es a la formalización, es decir, que deje de predominar la caza furtiva y apuntar a un modelo de conservación ambiental, todo ello ajustado a los estandares internacionales del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).
“La modificación del proyecto de ley trata de enfatizar las herramientas de conservación. Hay dos tendencias hoy en el mundo: una es la preservación y otra es la conservación. La preservación es dejar las cosas como están. Nada se toca. Y lo otro es la conservación, poder usar los recursos, pero tenés que asegurar que existen los recursos y se sostienen, es decir, un uso sostenible", comentó Zavala.
Ellos -y la modificaciones propuestas- defienden este modelo de conservación, el cual enfatizó que también puede representar una preservación de los ecosistemas, hábitat, y a las propias especies, ya que lo que pregonan es una caza controlada en base a estudios serios de población de especies.
“Las herramientas que tenía el Ministerio de Desarrollo Sostenible (Mades) actualmente son muy genéricas, con este proyecto prácticamente le obligamos al Mades a hacer el estudio que se hace en todos los países del mundo que tienen habilitada la caza controlada”, enfatizó Zavala.
Enfatizó en que no se admitirán cualquier estudio, sino que deberá estar realizado por biólogos registrados y certificados por el Mades, a fin de garantizar la seriedad y trazabilidad de los datos que eventualmente avalen los permisos de caza.
Reducción de tasas para promover formalización
Zavala también comentó que como asociación de cazadores plantean la reducción de los aranceles con el fin de apostar a la formalización en el caso de los cazadores locales y para los extranjeros, se establece un montos mayores acordes a los estándares en la región.
“Al pedo vas a poner demasiadas reglamentaciones si nadie va a entrar ni se va a formalizar. Lo que se quiere es bajar las trabas burocráticas y bajar el costo o la barrera económica para que más paraguayos se registren como cazadores", señaló Zavala.
El proyecto de ley establece que, para otorgar la licencia de caza en el territorio nacional se requiere:
- La mayoría de edad, acreditada con el documento de identidad.
- Para los nacionales, de los tres jornales actualmente vigentes plantean bajarlos a dos jornales (G. 234.154).
- Estar inscripto en el Registro Nacional de Vida Silvestre.
- Abonar dos (2) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la capital.
- Para cazadores extranjeros sin radicación permanente, se requerirá su pasaporte o documento que acredite su identidad. La licencia respectiva tendrá un costo de cinco (5) jornales mínimos (G.585.385) para actividades diversas no especificadas en la capital.
Actualmente, la tasa para cazadores nacionales es de tres jornales (G. 351.231).
Zavala también insistió en que la ley plantea clarificar los procedimientos en base a las convenciones CITES, tanto para la habilitación de los cazadores, la realización de los estudios de base y luego para la habilitación de la temporada de caza, así como los procedimientos para exportación de las especies cazadas o “trofeos”.
Sostuvo que la idea es que estas tasas por las actividades sean reinvertidas en el Mades, precisamente para reforzar los controles, así como ellos mismos como cazadores están interesados en la preservación para mantener su práctica.
“Todos van a pagar una tasa, y esa tasa ayuda a que el servicio funcione. Nosotros queremos lo mismo para el Mades. Que la tasa que paga la Ley de Vida Silvestre asegure que la burocracia -entiéndase correctamente- ayude a mantener y hacer sustentable la vida silvestre”, dijo.
Pese a que se establecen plazos límites para los diversos trámites, también sostuvo que el Mades mantiene toda la potestad de otorgar, denegar o revocar los permisos en cualquiera de sus tipos si lo cree pertinente.
También de establecer las temporadas de caza, las especies bajo permiso y la posibilidad de fijar plazos de preservación en caso de considerarlo pertinente.
Por otra parte, también consideró que hay quienes pretenden “crear los incentivos correctos” y que también entienden que esta puede ser una alternativa económica pero que no solo sirva para generar ingresos, sino para preservar áreas silvestres en predios privados.
“Si nosotros le damos los incentivos correctos al propietario, va a apostar a la conservación. Te pregunto ¿Por qué el ganado hoy es la especie más conservada?. Porque tiene un valor económico. La vida silvestre, lastimosamente no le estamos dando valor económico y creemos que con un mínimo impacto -como es la cacería- nosotros aseguramos que la especie silvestre que vive en los bosques se conserve", dijo.
También dijo que organizaciones internacionales dedicadas al safari han mostrado interés en nuestro país, pero para que justamente por la seriedad con la que se manejan en cuanto a las reglas, nuestro país necesita leyes claras que den garantías tanto a la conservación de las especies como a la actividad como tal.
Finalmente, remarcó que desde la Asociación de Cazadores del Paraguaya, “estamos seguros de que lo que hacemos ayuda a la conservación, ya que somos los más interesados -los cazadores hoy y los cazadores mañana- en que a nuestra familia y las generaciones venideras les aseguremos la sustentabilidad de las poblaciones de vida silvestre a ellos”.
Y para lograrlo señalo que “solamente pasa por darle valor a la vida silvestre”.
“Tenemos que darle valor, así, los propietarios de establecimientos le van a dar un valor, y van a proteger también a las especies y van a proteger el hábitat. Eso queremos asegurar”, dijo.
El proyecto ya fue aprobado en general en Diputados y debía terminarse en particular su tratamiento en la sesión de hoy; sin embargo, a pedido de la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), se postergó por 30 días más.