La Corte puso énfasis en la notoria improcedencia en el intento de apartar a los camaristas Claudia Criscioni, Arnaldo Fleitas Ortiz y Gustavo Amarilla, con expresiones vagas e imprecisas sin explicar concretamente un punto específico de referencia.
Los magistrados alegaron que el ex titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, Bernabé Peralta, no determinó el motivo grave en las resoluciones dictadas por el Tribunal, que afectaría la imparcialidad e independencia de los jueces.
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El preopinante Manuel Ramírez Candia manifiesta que el recusante no ha expuesto alguna circunstancia fáctica concreta de la que se pueda corroborar que la imparcialidad e independencia de los magistrados se encuentren comprometidas.
“Es criterio de esta Sala Penal que el desacuerdo con resoluciones judiciales no configura motivo de separación de los magistrados, atendiendo a que el C.P.P. otorga a los intervinientes las herramientas tendientes a la rectificación de las mismas en caso de verse agraviados, no siendo la recusación una de estas herramientas”, reza parte del documento.
La Sala Penal argumentó que desde el inicio se advierte la notoria improcedencia del incidente presentado porque no se identifica adecuadamente a qué magistrados se dirige.
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Además, los miembros de la Sala Penal encontraron expresiones vagas, imprecisas y basándose en conceptos teóricos acerca de la imparcialidad e independencia.
Cobro indebido de honorarios
Están acusados por lesión de confianza Bernabé Peralta, el actual presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, Venancio Díaz Escobar; Arístides Amarilla, René Alejandro Medina Collar, Luis Alberto Caballero Candia y Viviana María Brioschi Capurro.
Los fiscales Patricia Sánchez, Hernán Galeano y Nathalia Silva sostienen que entre 2020 y 2023, los procesados emitieron resoluciones internas para autoasignarse sumas millonarias en conceptos de bonificaciones, gastos de representación y gratificaciones prohibidas por la Ley Orgánica N° 122/93, la cual establece que solo pueden percibir dietas fijas.
Según la investigación fiscal, Peralta y los otros acusados realizaron una serie de actos irregulares para percibir beneficios económicos en detrimento de la Caja de Jubilación Municipal, que actualmente está en una quiebra técnica y debido a eso el pago a los jubilados se realiza de manera prorrateada.
El presunto daño patrimonial cometido por Peralta y los demás miembros del Consejo de Administración sería de G. 6.947 millones.
Con esta resolución judicial se allana el camino para realizar la audiencia preliminar para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia ha sido suspendida repetidamente debido a recursos, apelaciones subsidiarias y recusaciones promovidas por las defensas, incluyendo el reciente intento de apartar a la Cámara de Apelaciones rechazado por la Corte Suprema.