Como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de este martes 11 de Diputados, se incluyó el controvertido proyecto de ley del diputado cartista Yamil Esgaib, por el cual pretende que las fuerzas del orden tengan acceso a cámaras de seguridad privadas instaladas por los ciudadanos, lo cual claramente fuerza los límites de la privacidad, más aún cuando se trata de equipos privados.
El proyecto de ley “que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana”, plantea que, para instalar cámaras de seguridad que den a la calle o a espacios públicos, se deberá contar con una autorización de la Policía Nacional.
Y si bien la ley señala que no se requerirá dicha autorización si las cámaras forman parte de un sistema de circuito cerrado de una residencia, sí se obliga a los propietarios a dar acceso a sus filmaciones a la Policía en caso de ser requeridos.
“El propietario estará obligado a comunicar a la Policía Nacional la instalación de estas cámaras en ese espacio público, y queda sujeto a la obligación de colaborar con relación a estas cámaras en caso de ser requerido por la autoridad competente”, señala el proyecto de ley en estudio.
La legislación pretendida no es clara con las eventuales sanciones para el ciudadano en caso de negarse o no poseer la grabación de un eventual hecho punible o falta administrativa, ya que ni siquiera se establece un plazo obligatorio para guardar las imágenes.
El régimen sancionatorio solo señala castigos para la Policía en caso de alterar o filtrar las imágenes obtenidas de terceros.
Otro hecho preocupante es que da una excesiva discrecionalidad al Estado para almacenar las imágenes, ya que para su eventual eliminación no se fija un plazo, y en caso de que sea el ciudadano el que los solicite, deberá recurrir a un hábeas data.
Proyecto tiene dictamen de rechazo
El proyecto tiene de momento un dictamen a favor de la aceptación del rechazo del Senado y tiene como fecha límite para su tratamiento el martes 18 de agosto.
De no ser tratado antes de ese plazo, se considerará aceptado el rechazo total del Senado y pasará al archivo.
El proyecto genera temor de uso de la cámaras privadas con fines de vigilancia ciudadana (sin que exista motivación legal), o, en pocas palabras, como en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner para el “pyraguereato” 2.0, solo que en este caso, en vez de recurrir a soplones o delatores, se podrían utilizar las cámaras de seguridad.
Más aún, en manos del actual gobierno que es sospechado de recurrir a otras prácticas como la persecución a opositores, al estar presuntamente ligado a la llamada “Red Desinformante”, un conjunto de cuentas en redes sociales dedicadas a promocionar al gobierno y atacar a críticos.