Mediante la nota Nº 238, del 5 de agosto pasado, el fiscal Julio Ortiz requirió al Instituto de Previsión Social (IPS) –actualmente presidido por Isaías Fretes– antecedentes y copias de las actas del Consejo de Administración que autorizaron las adendas al contrato Nº 06/2020, denominado “Reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares para el bloque quirúrgico central del Hospital Central”. El requerimiento se enmarca dentro de la causa por supuesta lesión de confianza en la que el Ministerio Público ya imputó a nueve personas, entre ellas dos expresidentes de la previsional: Vicente Bataglia y Jorge Brítez.
Según la hipótesis fiscal, las modificaciones contractuales se utilizaron para otorgar prórrogas y actas de recepción a fin de que la contratista siguiera cobrando por obras que no podían ejecutarse debido a la falta de planeamiento y evaluación previa de la infraestructura edilicia. Ante la imposibilidad de liberar el área de trabajo y la falta de gestión oportuna para suspender la obra, las autoridades continuaron emitiendo adendas y actas de recepción.
Este mecanismo permitió a la firma Neighpart SA, cuyo principal accionista es Claudio Escobar, seguir percibiendo fondos por obras no realizadas, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 61.186 millones, según el Ministerio Público.
Con esta diligencia, la Fiscalía busca ampliar la pesquisa para precisar el grado de participación de los integrantes del Consejo de Administración en la toma de decisiones, ya que las actas revelarán la postura y el sentido del voto de cada consejero al momento de aprobar las adendas.
Los registros oficiales detallan que cuando se firmó el contrato y se realizaron las dos primeras adendas, la presidencia del Consejo recaía en Andrés Gubetich, acompañado por los consejeros Vicente Bataglia, Ludia Silvera, Miguel Doldán, Roberto Brítez y Gustavo Arias. Para la tercera y cuarta adendas la presidencia pasó a cargo de Vicente Bataglia, con un Consejo integrado por Ricardo Oviedo, Ludia Silvera, Miguel Doldán, Roberto Brítez y Gustavo Arias.
En tanto, para la quinta y sexta adendas figuraban en el Consejo como presidente Jorge Brítez y como miembros Carlos Pereira, Gustavo González, José Emilio Argaña, Víctor Insfrán y José Jara. El contrato original pactado en 2020 por G. 53.000 millones trepó a G. 61.186 millones tras las continuas modificaciones, y a la fecha la contratista ya acumuló cobros por G. 35.658 millones, lo que representa el 58% del presupuesto total.
Este flujo de desembolsos atravesó tres gestiones consecutivas: en el periodo de Andrés Gubetich se pagaron G. 10.600 millones en concepto de anticipo inicial; durante la gestión de Vicente Bataglia se liberaron G. 10.248 millones; y bajo la era de Jorge Brítez se autorizaron G. 14.809 millones, incluyendo un pago de G. 680 millones realizado en plena suspensión contractual.
De este modo, la administración de Brítez se consolida como la que más fondos desembolsó a favor de la empresa, lo que resulta contradictorio dado que al asumir el cargo el propio Brítez había impulsado –junto al exdirector jurídico José “José’i” González– una denuncia penal contra el mismo contrato que luego terminó financiando.
A esto se suma una llamativa omisión en el avance del caso: la imputación fiscal impulsada por supuesta lesión de confianza abarca únicamente a las gestiones de Bataglia y Brítez, ignorando por completo el periodo de Gubetich, etapa en la que se firmó el contrato y se liberó el primer gran desembolso de dinero.