El artículo 40 de la Ley Nº 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas autoriza a los organismos y entidades del Estado a contratar sin sujetarse a los procedimientos ordinarios únicamente en escenarios puntuales. La norma legal contempla excepciones con y sin afectación a la concurrencia, por ejemplo, la existencia de un proveedor exclusivo (patentes o derechos de autor), razones de seguridad del Estado, imponderables técnicos debidamente justificados o bien desastres naturales y estados de emergencia declarados por ley; sin embargo, en los últimos dos años, los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) evidencian que lo que debía ser un procedimiento extraordinario se convirtió en la principal modalidad de compra para varias instituciones, eludiendo la competencia directa en las licitaciones públicas.
¿Quiénes lideran?
El cruce de datos permite obtener que la institución que más compras por la vía de la excepción realizó entre 2024 y 2026 es Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyo actual titular es Willian Wilka, por un monto de G. 2,4 billones. La mayoría de las adquisiciones de la petrolera del Estado es para la compra de combustibles.
Solo en lo que va de este año, Petropar hizo seis compras por la vía de la excepción, de las cuales cuatro fueron para la adquisición de gasoíl, una para la compra de nafta virgen y otra para alcohol absoluto.
En el caso de Petropar, el principal argumento es que se trata de proveedores domiciliados fuera de la República del Paraguay para contratos que deban ejecutarse fuera del territorio nacional. Una ventana que abre la posibilidad para la discrecionalidad.
En segundo lugar del listado está el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), con llamados por G. 166.063 millones entre 2024 y 2026. Esta institución recurre a este procedimiento principalmente para la compra de medicamentos e insumos, además del mantenimiento de equipos.
Sobre este último punto, la Ley de Compras Públicas establece un punto bien claro que debería empezar a analizarse por parte de la DNCP: “Cuando la excepción se encuentre motivada en la negligencia o imprevisión, la convocante deberá apartar del procedimiento al funcionario responsable, sin perjuicio de su responsabilidad administrativa, que será determinada en la instancia correspondiente. A los efectos de la imposición de sanciones, la negligencia o imprevisión será considerada falta grave”.
En tercer lugar de las instituciones está la Dirección Nacional de Migraciones, a cargo de Jorge Kronawetter, con G. 154.645 millones. Este monto se da por la adquisición por la vía de la excepción de un sistema API/PNR para el mejoramiento de la seguridad en el tránsito aéreo, de las instalaciones aeroportuarias y del control migratorio, por razones técnicas y para garantizar la seguridad del Estado, por G. 154.135 millones.
Luego tiene otros dos llamados con “urgencia impostergable” para obras y equipamiento en el aeropuerto de Encarnación y servicios de impresiones, por G. 184 millones y G. 25 millones, respectivamente.
El ranking sigue con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyo titular es Luis Ramírez, que usó este mecanismo en 2024 principalmente para contratar el servicio de embalaje y transporte de útiles escolares. En esa ocasión fue adjudicada, con un contrato de G. 28.765 millones, la empresa Transporte Internacional Guarany SRL, representada por Lourdes Marcelina Careaga Meaurio, cuñada del diputado cartista Carlos Arrechea.
El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Teresa Barán, también figura como una de las entidades que más utilizó este trámite, aunque no en demasía en comparación con otras instituciones. Los llamados de la cartera de Salud, por un monto global de G. 51.884 millones, fueron dirigidos en su mayoría a la compra de reactivos para diferentes hospitales a su cargo.
Alimentos y vehículos
El Ministerio de Justicia, cuyo ministro es Rodrigo Nicora, también recurre a la figura de la excepción para rubros cotidianos. Esta cartera de Estado ejecutó G. 39.971 millones en alimentos, obras, flota vehicular, seguro médico y servicios de ceremonial, según los datos extraídos del portal de Contrataciones Públicas.
En la misma línea, el Comando del Ejército de las Fuerzas Armadas usó la “urgencia” para adquirir equipos informáticos, mantenimiento de vehículos e incluso un horno industrial.
Por su parte, el Instituto de Previsión Social (IPS), actualmente presidido por Isaías Fretes, apela a este mecanismo para cumplir amparos judiciales de medicamentos, aunque también figura una convocatoria de urgencia para la limpieza del Hospital Ingavi por dos meses sin especificar precio referencial.
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El Mitic, a cargo de Gustavo Villate, también aparece usando la contratación por vía excepción en 2024 para difusión en medios digitales. Según el portal de compras públicas, el contrato por G. 684 millones se firmó el 3 de diciembre de 2024, con Jorge Fernández Tabárez.
Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), cuyo titular actual es Tadeo Rojas, recurrió en lo que va de este año a la vía excepción para la compra de varios inmuebles.
Uno de los inmuebles está ubicado en el distrito de San Estanislao (San Pedro) y corresponde al asentamiento Punta Suerte, de acuerdo a los detalles de adjudicación. El precio de compra se estipuló en G. 1.809 millones.
El otro terreno adquirido está en Areguá (Dpto. Central) y es ocupado por el asentamiento Los Laureles. La transacción se cerró en G. 629 millones. Un dato importante es que Tadeo Rojas es de esa localidad.
Otra propiedad adquirida y que corresponde a asentamientos está en el distrito de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.
Ya se usa excusa de “El Niño”
La Gobernación de Central, cuyo gobernador es Ricardo Estigarribia (PLRA), fue una de las primeras -y hasta ahora única- en apelar a la vía excepción argumentando los efectos del fenómeno “El Niño”, para la compra de kits de víveres y ayuda social por G. 1.292 millones. Esta institución departamental ya usó este mecanismo para comprar víveres para pescadores y damnificados a raíz del incendio en el mercado de Itauguá, además para la adquisición de un inmueble por G. 9.000 millones.
Por su parte, las gobernaciones de Alto Paraguay (Federico Arturo Méndez, ANR cartista), Amambay (Juan Acosta, ANR, cartista), San Pedro (Freddy D’Ecclesiis, ANR, cartista) y Ñeembucú (Víctor Hugo Fornerón, ANR, cartista) utilizaron las compras de excepción para rubros ordinarios como servicios de limpieza, empedrados, papelería de oficina y mantenimiento mecánico.
Además de reparación y construcción de aulas como también sanitarios en instituciones educativas.
* Próxima nota: El procedimiento favorito de las municipalidades.