El director de financiamiento político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, confirmó a ABC que los comicios municipales y las internas partidarias para definir los candidatos, no se encuentran previstos en la actual Ley N° 4743/2012 de Financiamiento Político.
La ley, actualmente vigente, prevé en su artículo 5 que un límite máximo de gastos electorales por partido, movimiento político o alianza, no así por candidato.
El apartado señala que, en las elecciones nacionales, el tope será equivalente al 10% del jornal mínimo por cada elector habilitado para votar en la circunscripción electoral.
Agrega que, en los casos de internas partidarias, el límite para los movimientos será el 5% del jornal mínimo por cada elector habilitado para votar en la circunscripción electoral por la que se postulen candidaturas.
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Incluso, en ambos casos, la ley señala que el tope regirá aunque el espacio político no presente candidaturas pero se pliegue a la de otra agrupación.
Sin embargo, en materia de elecciones municipales, no existe artículo que limite los gastos, a pesar de los multimillonarios montos ejecutados a lo largo de todo el país y, particularmente, en la ciudad de Asunción.
TSJE confirma vacío
Al abordar las limitaciones del marco normativo, Christian Ruiz Díaz explicó que el tope no rige para comicios municipales debido a que la fórmula legal calcula el límite sobre la cantidad de electores empadronados.
Según el director, aplicar ese porcentaje a la escala de un municipio pequeño daría un techo extremadamente bajo, razón por la cual los legisladores omitieron el nivel municipal y generaron este vacío.
En ese contexto, Ruíz Díaz afirmó de manera categórica que “para estas elecciones municipales no existe el límite de gastos” y reconoció que por esto no pueden establecer controles.
Aún así dijo que, a su criterio, la implementación de los topes de gasto “es una cuestión muy perjudicial para nuestro sistema”.
Justificó su postura revelando que los candidatos y las agrupaciones políticas suelen declarar exclusivamente hasta el límite fijado por la ley y ocultan el resto de sus gastos, sabiendo que el TSJE trabaja exclusivamente sobre lo presentado.
“Nos piden llegar a la luna, pero nos dan una bicicleta como herramienta y así es imposible llegar al objetivo”, agregó el funcionario electoral.
TSJE no coordina con Seprelad
En relación a las actuales trabas de control financiero y la evidente falta de articulación con el Ministerio Público o la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el director de financiamiento político señaló limitaciones. “Nosotros no tenemos comunicación directa con la Seprelad, sino es el oficial de cumplimiento del sujeto obligado, o sea, de la organización política”, señaló.
Además, el director acotó que la Justicia Electoral no posee acceso al Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO) para enviar de manera segura Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
A esto se suma que la persecución penal recae únicamente en el Ministerio Público. Por ello, concluyó que debe haber “una articulación muy fina” entre las tres instituciones pero reconoció que “hoy no existe” y que por esa razón “hoy estamos lejos de cerrar el círculo”.
Agregó que hoy existen “cinco leyes de financiamiento político”, que se modifican entre sí y se superponen creando “un mar de leyes” que vuelve imposible entender fácilmente la legislación.
Por ese motivo, anunció que trabajan en una propuesta de unificación normativa proyectada para el próximo año, a gestionar con el Poder Legislativo.
Llamativos gastos
En Asunción, el candidato a la intendencia Camilo Pérez (ANR) rindió al TSJE un total de G. 2.367 millones como gasto de campaña durante las internas 2026.
Llamativamente, TODAS aparecen bajo el rubro “propaganda y publicidad”. ABC identificó que Pérez declaró y utilizó una camioneta durante la campaña, y que, sin embargo, finalmente no declaró gastos en combustible.