El Programa de Fortalecimiento de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud basadas en la Atención Primaria de la Salud (PR-L1167) es solventado con un préstamo de US$ 45 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado en el 2019 y con un plazo de ejecución de seis años.
Según el proyecto, debería impactar directamente en la población más vulnerable de los departamentos de Concepción, San Pedro, Caazapá y Alto Paraná. No obstante, según el último reporte publicado en mayo pasado, solamente avanzó en la etapa de preparación y elaboración de documentos. De acuerdo a lo declarado, en el primer trimestre de 2026 se debían haber iniciado las obras de construcción y reformas, pero aún no se publicaron detalles sobre esos avances.
Lo que sí se informó, el 26 de marzo pasado a través de la página del BID, es la adjudicación de un contrato para la “consultoría que busca apoyar a la Gerencia General en la gestión de los procesos de planificación, seguimiento y monitoreo que permitan el adecuado control de la ejecución del programa”. Se recurrió al método de selección de consultor individual (3CV) y tres “consultores invitados presentaron sus respectivos currículums”. El ganador del concurso fue Luis Mariano López Benítez, quien se vio beneficiado con un contrato por G. 966.325.337. El reporte fue firmado por la gerente Ana María Sanabria Benítez.
Pese a que el documento exige el detalle del plazo estimado del contrato, Sanabria completó ese espacio nuevamente con el monto adjudicado, por lo cual se desconoce el periodo durante el cual realizará la consultoría. El contrato en teoría es reciente, López hace ocho meses ya informó en su perfil de LinkedIn sobre este trabajo.
Millonarios contratos
En las planillas de ejecución de este año también se detallan otros tres contratos de consultorías para trabajar apenas 71 días (al menos según los papeles). Tienen como fecha de inicio el 21 de octubre de 2024 y finalización el 31 de diciembre de 2024. Figuran en estado “Firmado” y “Contrato en ejecución” en las versiones oficiales del Plan de Adquisiciones, pero no se detalla ni un solo nombre.
Los contratados son un especialista social y un coordinador de adquisiciones, por una remuneración de US$ 185.600, por un trabajo de 80 días, cada uno. Es decir, 2.320 dólares por día (casi G. 14 millones).
El tercer contratado sería un “especialista senior en infraestructura”, con un pago de US$ 134.400, para trabajar 80 días; es decir, US$ 1.680 por día (G. 10 millones).
Contrastes y pocos datos
Paralelamente, dentro de los informes se ven salarios mucho más bajos. Por ejemplo, la propia gerente del programa fue contratada por US$ 16.779, supuestamente para trabajar solo desde el 19 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 (4,5 meses). Esto equivaldría a un sueldo de US$ 3.728 mensuales.
No obstante, ella sigue ejerciendo el cargo, según consta en documentos firmados, por lo que se desconoce su salario real. Pese a los mecanismos de transparencia exigidos por el BID, las planillas cargadas por el Ministerio de Salud contienen numerosos espacios en blanco. Solo se mencionan algunas firmas proveedoras de insumos de oficina, por ejemplo. En el caso del contrato por G. 966 millones, el documento no permite determinar el plazo de ejecución debido a que el campo correspondiente fue completado con el mismo monto de la adjudicación.
La falta de datos impide saber cuánto se paga por día o por mes en varios contratos y tampoco permite comparar honorarios.
Gerente con historial
La gerente de este programa, Ana María Sanabria Benítez, ya ocupó varios cargos en el Ministerio de Salud. En 2002 era directora administrativa de Senacsa. En ese entonces, ABC publicó sospechas respecto a su patrimonio y supuestos nombramientos indiscriminados.
En 2009 se vio envuelta en el escándalo de una denuncia por supuesta estafa de US$ 1 millón, cuando era directora de la Unidad Ejecutora de un proyecto.
En el portal de la Contraloría solo se encuentran dos declaraciones juradas de Sanabria (2017 y 2018), pese a que siguió ocupando otros altos cargos. Hasta el 2019 fue directora financiera del Senepa, pero la sacaron luego de denuncias sobre la supuesta inclusión de allegados en un plan “antidengue”. En ese entonces, su jefa directa era María Teresa Barán, ahora exministra de Salud.
Intentamos obtener la versión del ministerio, pero nadie respondió. El ahora exjefe de Gabinete, Juan Estigarribia, ignoró todos los mensajes y llamadas, ya antes del cambio. Por su parte, el nuevo jefe de Gabinete, Néstor Carrillo, nos derivó con el equipo de comunicación, que prometió una entrevista con Sanabria, pero la misma no se concretó pese a los reiterados intentos.