El pedido aprobado ayer en la Cámara Alta pondría en riesgo los límites entre la injerencia política y la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, al ser consultado sobre el alcance de esta medida, el magistrado evitó analizar la presión parlamentaria.
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“Lo tomé como una inquietud de las muchas que llegan a cualquier magistrado, desde un juez de Paz hasta un miembro de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo Jiménez Rolón esta mañana durante la inauguración de la nueva sede de los Juzgados de Primera Instancia de Fernando de la Mora.
Límite constitucional
Al ser abordado sobre si este tipo de reclamos entre poderes del Estado traspasan o no los límites constitucionales, el ministro prefirió no sentar una postura y remitió la discusión a otro estamento. “Dejaría a la Sala Constitucional eso; es facultad de ellos”, aseveró al ser cuestionado sobre la viabilidad constitucional del reclamo.
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Asimismo, explicó que la administración judicial lidia constantemente con pedidos de diversos sectores debido a la naturaleza misma de su función. “Nosotros administramos conflictos. Y cuando hay conflictos, hay intereses de ambas partes en el litigio. Cualquier tipo de petición que nos venga se analiza y se resuelve conforme a derecho”, añadió.
Respecto al curso burocrático que seguirá el documento del Congreso, el ministro indicó que no integra la Sala Penal destinataria del pedido, pero estimó que el escrito recibirá el tratamiento habitual que se le otorga a cualquier nota o petición que ingresa al máximo tribunal de la República.