La Cámara de Senadores se prepara para tratar proyectos vinculados al uso de recursos públicos, el control de las instituciones de educación superior y el combate al abigeato. La sesión ordinaria está convocada para este miércoles, a las 9:00, con un total de 19 puntos en el orden del día.
Uno de los asuntos centrales será el proyecto de ley impulsado por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, Honor Colorado), que busca prohibir durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones a las máximas autoridades de las instituciones públicas.
La iniciativa busca impedir que las autoridades que ocupan cargos de conducción política y superior perciban bonificaciones adicionales, cualquiera sea su denominación, durante el ejercicio fiscal 2026.
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El proyecto fue presentado por Núñez tras las críticas por los ingresos adicionales que percibía como titular del Congreso. Según los datos consignados, su remuneración mensual alcanzaba G. 63.302.850, resultado de sumar su salario de G. 32.606.840, gastos de representación de G. 9.595.060 y una bonificación por responsabilidad de G. 21.100.950.
Luego de que se conocieran esos montos, el senador anunció que renunciaba al cobro de la bonificación por responsabilidad.
La Cámara de Diputados rechazó el proyecto y lo devolvió al Senado. Para ratificarse en su versión original, la Cámara Alta necesita una mayoría absoluta de 23 votos, conforme al artículo 206 de la Constitución Nacional y no se descarta que la norma sea archivada por extemporánea
Proyecto Anti-Rivas: dos años sin nuevas universidades privadas
Otro de los asuntos destacados es el proyecto conocido como ley Anti-Rivas, que plantea suspender temporalmente la creación de universidades e institutos superiores privados por un periodo de dos años en todo el territorio nacional.
El artículo 1 establece: “Suspéndase en forma temporal la creación de Universidades e Institutos Superiores privados, por un periodo de dos años en todo el territorio nacional, a partir de la promulgación de la presente Ley”.
La propuesta no contempla el cierre de instituciones que ya se encuentran funcionando. Su objetivo es establecer una moratoria mientras se revisan y fortalecen los mecanismos de control sobre la educación superior.
La iniciativa adquirió relevancia en medio de los cuestionamientos sobre los controles y requisitos de formación académica, en un contexto marcado por el caso del exsenador Hernán Rivas, condenado por el uso de documentos públicos de contenido falso vinculados a su título de abogado.
Cones: piden que la Contraloría remita hallazgos a la Fiscalía
El Senado también prevé analizar un proyecto de declaración presentado por la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, que insta a la Contraloría General de la República a remitir al Ministerio Público los hallazgos de la auditoría de cumplimiento realizada al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), correspondiente al periodo 2023-2026.
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El pedido busca que los antecedentes sean puestos a disposición de la Fiscalía para determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de las irregularidades detectadas.
Entre los datos señalados en el informe preliminar figura que 1.711 carreras de evaluación obligatoria estarían sin acreditación vigente.
Lilian vuelve a presentar pedidos de informes al IPS y Salud
La senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) volvió a presentar dos pedidos de informes dirigidos al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Ministerio de Salud Pública, luego de haberlos retirado antes de su tratamiento en la sesión anterior.
Las solicitudes ya figuraban en el orden del día cuando la legisladora desistió de su tratamiento. Ahora pidió que ambas iniciativas vuelvan a ser incluidas en la agenda del miércoles.
Los pedidos buscan conocer los convenios entre ambas instituciones, las deudas pendientes, los mecanismos de financiamiento y las garantías previstas para proteger los recursos de la seguridad social.
Abigeato: penas de hasta 15 años para casos agravados
En materia penal, los senadores analizarán el proyecto que modifica y amplía el artículo 163 del Código Penal, referido al abigeato.
La propuesta contempla una reorganización de las circunstancias agravantes y establece sanciones más severas para hechos que involucren condiciones particulares, como el uso de armas de fuego, el aprovechamiento de calamidades, la participación de funcionarios públicos mediante abuso de sus funciones y la intervención de bandas dedicadas a delitos contra la propiedad.
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El dictamen de la Comisión de Legislación propone mantener en hasta cinco años la pena para el hurto básico de ganado, mientras que para determinadas modalidades agravadas se prevén penas de entre tres y quince años.
También se mantiene la propuesta de sancionar con penas de tres a quince años al propietario o conductor de un camión transganado u otro vehículo utilizado para transportar animales sustraídos, cuando participe en el ilícito.
Infraestructura crítica: protección ante riesgos y ciberataques
La agenda incluye igualmente el proyecto de ley de protección de infraestructura crítica, presentado por el senador José Oviedo (Yo Creo).
La iniciativa busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales del país frente a riesgos que puedan afectar su funcionamiento, incluidos los ciberataques.
Entre sus objetivos figuran identificar las infraestructuras críticas y sus vulnerabilidades, implementar medidas de seguridad física y cibernética basadas en estándares internacionales, promover la cooperación entre los sectores público y privado y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante incidentes.
La discusión apunta a establecer herramientas para prevenir y responder a amenazas contra instalaciones y servicios considerados esenciales.