El proyecto de ley “Que prohíbe durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las máximas autoridades de las instituciones que ocupan cargos de conducción política y de conducción superior”, llega al filo del plazo que se cumple el 15 de octubre.
La norma presentada por el propio presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) no tiene dictamen de las comisiones de Hacienda y Presupuesto ni de Cuentas y Control.
La demora deja abierta una posibilidad política: que la Cámara Alta acompañe el rechazo de Diputados y envíe el proyecto al archivo, bajo el argumento de que el planteamiento ya quedó extemporáneo para el ejercicio fiscal 2026.
El resultado sería que la iniciativa presentada por Bachi para eliminar los sobresueldos durante este año termine sin producir efecto alguno.
¿Una iniciativa de recorte que llega demasiado tarde?
El 6 de julio pasado, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que buscaba prohibir durante 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las máximas autoridades que ocupan cargos de conducción política y superior.
La propuesta había sido aprobada previamente por el Senado y pretendía cortar los pagos extras a las autoridades superiores del Estado. La mayoría cartista en Diputados justificó el rechazo con argumentos de “improcedencia” y “sobrelegislación”, además de cuestionar el carácter de la iniciativa impulsada desde el Senado.
Ahora, el proyecto vuelve a quedar en manos de la Cámara Alta, pero con el calendario legislativo en contra.
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La iniciativa de Núñez surgió después del escándalo generado por las bonificaciones otorgadas a altas autoridades del Estado y, particularmente, por el plus que él mismo había comenzado a cobrar como presidente del Congreso.
Según los datos consignados, los ministros del Ejecutivo reciben un sueldo básico de G. 22 millones, al que se suman G. 6.523.414 de bonificación por responsabilidad y G. 4.093.655 en gastos de representación. De esta manera, su remuneración mensual llega a G. 33.017.069.
El caso de Bachi fue todavía más llamativo, ya que tenía un salario de G. 32.606.840, más G. 9.595.060 en gastos de representación y una bonificación por responsabilidad de G. 21.100.950. En total, llegaba a G. 63.302.850 mensuales.
Tras las críticas, Núñez anunció que renunciaba al cobro de la bonificación y de hecho ya no volvió a percibir; sin embargo la misma reacción no tuvieron las demás altas autoridades del Ejecutivo.
El trámite legislativo de la norma
El Senado podría rechazar nuevamente la iniciativa y terminar enviándola al archivo. También podría argumentarse que el proyecto perdió oportunidad debido a que pretendía aplicarse exclusivamente durante el ejercicio fiscal 2026.
En ese caso, el proyecto impulsado por el propio presidente del Senado no habría conseguido eliminar los sobresueldos que buscaba combatir durante el año para el cual fue diseñado.
La pregunta que queda es si existió realmente una voluntad política de eliminar estos privilegios o si la iniciativa terminó funcionando principalmente como una respuesta política al escándalo generado por las autoasignaciones.