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“Canilla libre” para reubicar a funcionarios de Copaco en medio de despidos por Ueno

Manifestaciones de funcionarios de Copaco en diciembre de 2024.
Manifestaciones de funcionarios de Copaco en diciembre de 2024. ARCENIO ACUÑA

En medio del despido de miles de trabajadores del grupo Ueno, la Cámara de Diputados aprobó hoy el plan de “canilla libre” para que el Estado absorba a un mínimo de 500 funcionarios ociosos de la deficitaria Copaco. Pese a la promesa de realizar concursos —un mecanismo que genera dudas—, el programa de traslados se extenderá hasta agosto de 2028, coincidiendo con el fin del actual periodo presidencial.

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Mientras el cierre del Banco Ueno genera miles de desempleados que acampan frente al Congreso exigiendo la probación de leyes de emergencia y rescate financiero, la Cámara de Diputados una vez más priorizó a su maquinaria electoral.

Durante la sesión ordinaria de hoy, el pleno otorgó media sanción, durante su sesión ordinaria, al proyecto de ley “Que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (Copaco S.A.) a instituciones del Estado”. Tras la aprobación, el expediente fue remitido a la Cámara de Senadores para su estudio.

Grupo de personas de pie y sentadas, algunos atentos a un hombre con un documento en mano, en ambiente informal nocturno.
Guardias de seguridad Ueno Bank siguen sin cobrar y reclaman a la empresa GSR.

¿Cómo será el traslado de los empleados de Copaco al Estado?

El proyectista, el diputado José Rodríguez (ANR), sostuvo que la iniciativa busca garantizar la antigüedad de los trabajadores y negó que la norma habilite un traslado masivo. Según explicó, las reubicaciones se realizarán mediante concurso público y a pedido expreso de cada ministro o titular de ente estatal.

Asimismo, recordó que actualmente ya existen más de 100 funcionarios comisionados en otras instituciones, aunque operan sin seguro médico ni otros beneficios laborales.

¿Cuántos funcionarios buscan desvincular de Copaco?

No obstante, Rodríguez admitió que las autoridades de la telefónica estatal —el director Óscar Stark Robledo y la presidenta del Directorio, Natalia Borgognon Cálo— le manifestaron la urgencia de que salgan “500 funcionarios mínimo” de la compañía. Según los directivos, este recorte es indispensable para estabilizar los recursos humanos y el pago de salarios de la empresa.

Durante el tratamiento del proyecto, el diputado César Cerini (ANR) pidió aprobar la normativa con modificaciones y reveló que ya existen conversaciones adelantadas con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) para absorber personal.

Por su parte, desde la oposición, Miguel Martínez (PLRA) cuestionó que Copaco solo haya servido históricamente como una estructura para sostener clientes electorales, mientras que Carlos María López (PLRA) urgió poner fin a este modelo de empresas públicas y avanzar hacia su privatización.

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