Parecía que, coincidiendo con el Senado y sin que las comisiones asesoras competentes hayan emitido un dictamen, la Cámara Baja iba a aprobar a los apurones un descabellado proyecto de ley que reconoce “beneficios laborales a los extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios en salud y educación, de la usina de Itaipú, margen derecha”. Empero, la ciudadanía se ganó un respiro, pues la sesión quedó sin quorum durante la votación de la chapucera y dispendiosa iniciativa de los senadores Enrique Riera (ANR, cartista), Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), Gilberto Apuril (PPH) y Abel González (PLRA). Por de pronto, pues, quedó en suspenso el pago indebido de alrededor de 6,5 billones de guaraníes (940 millones de dólares) a 16.180 “inscriptos”, entre ellos 2.039 ya fallecidos, 194 funcionarios públicos y hasta 240 empresas, la mayoría de ellas creada tras la construcción de la represa hidroeléctrica.