Intento de cobro en Itaipú, atropello al patrimonio de todos

Parecía que, coincidiendo con el Senado y sin que las comisiones asesoras competentes hayan emitido un dictamen, la Cámara Baja iba a aprobar a los apurones un descabellado proyecto de ley que reconoce “beneficios laborales a los extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios en salud y educación, de la usina de Itaipú, margen derecha”. Empero, la ciudadanía se ganó un respiro, pues la sesión quedó sin quorum durante la votación de la chapucera y dispendiosa iniciativa de los senadores Enrique Riera (ANR, cartista), Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), Gilberto Apuril (PPH) y Abel González (PLRA). Por de pronto, pues, quedó en suspenso el pago indebido de alrededor de 6,5 billones de guaraníes (940 millones de dólares) a 16.180 “inscriptos”, entre ellos 2.039 ya fallecidos, 194 funcionarios públicos y hasta 240 empresas, la mayoría de ellas creada tras la construcción de la represa hidroeléctrica.

La suma total reclamada equivale a doce años de gastos sociales, mil kilómetros de ruta asfaltada o a 3.400 unidades de salud familiar, según el director de Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres. Si los legisladores manirrotos con dinero ajeno hubieran escuchado a dicha entidad, se habrían enterado de que los pagos requieren el consentimiento brasileño, que quienes tuvieron una relación laboral con los beneficiarios fueron las firmas contratistas y que las demandas judiciales que plantearon fueron desestimadas, incluso por la Corte Suprema de Justicia, en 2007. Al fin y al cabo, se pretende que los pagos no realizados por los empleadores sean hechos con dinero público, como si aún hubiera que asumir una responsabilidad solidaria, ya extinguida en virtud de la Ley N° 1869/02, que aprobó el “acuerdo por intercambio de notas reversales sobre relaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores de los contratistas de obras y locadores y sublocadores de servicio...”. Itaipú Binacional no tiene por qué pagar deudas ajenas: los extrabajadores de firmas contratistas y subcontratistas nunca integraron su plantel; el lado brasileño solo pagó a empleados directamente contratados por la entidad.

Una pretensión similar ya fue rechazada por el Congreso en 2013, pero como la campaña electoral está en marcha, se tiene la impresión de que legisladores avivados buscan ganar votos so pretexto de una supuesta cuestión “social”, contando con que la población no advierta que será abordada a costa suya. Se quería echar mano a la plata cuanto antes, sin perder el tiempo en precisar la cantidad exacta de quienes debían ser favorecidos y, por tanto, el monto global de las indemnizaciones: la Unión Nacional de Extrabajadores de la Itaipú Binacional Margen Derecha había exigido una “compensación” equivalente a nada menos que dos mil millones de dólares, suma que consintió en rebajar, quizá para que la absurda exigencia sea algo menos intolerable. Por lo demás, el “censo” realizado por una docena de organizaciones identificó inicialmente a 27.759 supuestos beneficiarios, cifra que, como se sabe, bajó considerablemente, lo que demuestra la supina desprolijidad de los promotores de este intento de asalto al dinero público. Tan es así que Jorge Alderete –hermano del célebre José Alberto Alderete, exdirector de la entidad binacional, con un sueldo mensual de 45.416.200 guaraníes– habría sabido de su inclusión en la lista solo luego de que el Senado aprobara el infeliz proyecto y pidió su exclusión; nada dijo por su parte su hermana Carmen María, también incluida y con un sueldo de 27.656.800 guaraníes mensuales.

Por su parte, el senador Apuril se lavó las manos afirmando que los proyectistas no se ocuparon de la lista y que solo acompañaron el pedido, quedando las depuraciones a cargo de Itaipú Binacional y de las organizaciones de extrabajadores. Se entiende así que no hayan tenido –o no lo quisieron tener– una idea cabal del dinero en juego, pues durante las deliberaciones hablaron con toda ligereza de montos de entre 800 y mil millones de dólares, dando muestras de una tremenda irresponsabilidad. Buscando calmar a la ciudadanía, Milciades Areco –presidente de la Unión antes referida y miembro de un estudio jurídico esteño que representa a 3.579 eventuales beneficiarios– creyó oportuno informar, muy suelto de cuerpo, que los fondos no saldrán del Presupuesto nacional, sino de la entidad obligada. “Es cuestión de poner unos puntitos más en el precio de la energía y listo: el dinero ya está allí”, dijo con todo desparpajo. Como es obvio, esos “puntitos más” serían trasladados a la tarifa a ser abonada por el consumidor final, de modo que el dinero necesario terminará saliendo de su bolsillo, castigado por la inflación en curso.

La también inaceptable alternativa sería, según el Ministerio de Hacienda, que el Estado deje de recibir, durante dos años, tanto las compensaciones para los Gobiernos departamentales y municipales por los territorios inundados, como los recursos que financian el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo. Por donde se lo mire, el indignante disparate implica un abierto atropello al bien común, que debe ser rechazado como hace nueve años, en defensa de la enorme mayoría. La “sensibilidad social” invocada no es más que una burda mentira: lo “social” exige que el interés general se imponga sobre la codicia de un grupo de presión movilizado y sus padrinos.

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