dinero público

El tema que saltó al tapete esta semana, el del diputado itapuense Christian Brunaga (ANR HC) y sus “asesoras vip”, ya no sorprende a nadie. No es el único, ni será el último de los ñembo “representantes del pueblo” que se valen de su posición en el tablero político para, sin una pizca de vergüenza, aprovecharse de los recursos del Estado, es decir, de todos nosotros. En nuestro país, como en muchos otros, se ha instalado un modelo perverso que desnaturaliza el concepto de democracia y los fines de la política, y los convierte en herramientas para beneficio propio, bajo un ropaje de legalidad. Una “legalidad” desprovista de toda ética.

Los notorios vicios del aparato estatal tienen mucho que ver con la persistencia en nuestra cultura político-administrativa de prácticas que responden al aforismo colonial “La ley se acata, pero no se cumple”. Esto también se observa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyos funcionarios se rigen por la Ley N° 6935/22, del Servicio Diplomático y Consular y del Administrativo y Técnico de la Cancillería. Cabe recordarlo dada la repentina aparición pública, como una suerte de asesor mau, del ciudadano argentino Andrés Rivas, ligado al poder político desde 2017 y a las relaciones exteriores del Paraguay desde 2024, cuando asistió como invitado especial a la reapertura de la embajada en Israel, junto con Santiago Peña y el canciller Rubén Ramírez. Y últimamente en el marco del bochornoso viaje oficial a Washington, aparece como asesor de este último en una reunión con el diputado estadounidense Mario Díaz-Balart y en otra con el Consejo de las Américas, la Fundación Heritage y el Instituto Republicano Internacional.

Develado en marzo de 2024 por este diario, lo que aparenta ser el mayor desvío de fondos públicos de nuestra historia, consistente en la desaparición –hasta ahora– de lo recaudado mediante bonos emitidos para construir obras municipales de infraestructura en la capital del país, sigue sin ser esclarecido en cuanto al destino final unos 500.000 millones de guaraníes, sobre todo a causa del silencio del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) y a la complicidad de la gran mayoría de los concejales. Sin duda alguna, la serie de escándalos que se suceden, ya sea en la Municipalidad como en otros ámbitos del sector público, va relegando en el olvido a los más antiguos, lo que beneficia a los sinvergüenzas.

Se suele decir que en el Paraguay existen delitos, pero no delincuentes. Y así ha de ser porque con mucha frecuencia se denuncian o se publican escandalosos faltantes de dinero público, pero rara vez aparecen los responsables, y, si aparecen, no es raro que alguna sentencia judicial absuelva a los responsables, o le aplique alguna pena mínima, luego de largos procesos bombardeados con chicanas, al punto de que cuando concluyen, el caso ya se ha enfriado u olvidado. De recuperar lo robado, ni hablar. A lo sumo, alguna donación insignificante a alguna entidad de beneficencia, o algún trabajo comunitario ínfimo para el responsable. Sobre todo si el caso involucra a un político con apoyo en el Gobierno de turno. Es hora de demostrar que en el Paraguay no solo hay delitos sino también hay delincuentes, y que estos reciben el condigno castigo.

Por un lado, las buenas noticias desde el punto de vista económico en 2024 fueron la continuación del ciclo de crecimiento, el sostenido control de la inflación, la reducción del déficit fiscal y el otorgamiento del grado de inversión por parte de una de las tres grandes calificadoras internacionales de riesgo. Las malas, por el otro, tienen que ver con la completa ausencia de reformas estructurales que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduzcan la informalidad y la corrupción, mejoren la calidad de los servicios públicos y el clima de negocios, y eleven el potencial de la economía nacional. Sin estas reformas, Paraguay no puede aspirar al desarrollo.