El etiquetado frontal que decretó internamente Uruguay genera inseguridad jurídica, porque contraviene la normativa vigente del Mercosur y acuerdos internacionales, porque utiliza criterios no basados en evidencia científica, según la postura de la Cámara de Alimentos y Bebidas del Paraguay (Cabe), dijo en una entrevista la vocera técnica del gremio, Bernardita Gómez.