25 de octubre de 2026

La Contraloría General de la República confirmó que se encuentra ejecutando una auditoría de cumplimiento en la Superintendencia de Bancos del BCP enfocada en sus funciones de control. Desde la institución adelantaron que “a la Contraloría no se le puede invocar” el secreto bancario y que el informe final se dará a conocer en un plazo estimado de 120 días.

Un equipo especial de la Contraloría General de la República (CGR) realizará una fiscalización inmediata en relación al aparente uso irregular de combustible en IPS durante todo el 2022 y el primer trimestre del 2023. La investigación deberá culminar a mediados de julio.

El intendente electo de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez no cumplió en informar a la Contraloría General de la República (CGR) sobre los gastos de pandemia realizados durante su gestión al frente del municipio en el 2020, aseguró Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la CGR.

Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, afirmó este jueves que la entidad de la que forma parte elabora informes frecuentes sobre las auditorías que realiza. Recordó un caso de transferencia de fondos para proyectos de organizaciones campesinas y contó que el dinero se “desvió” y no lo recibieron los que debían, significando que “alguien se enriqueció” a costa de ellos. Sus afirmaciones se enmarcan en un contexto en que el Ministerio de Agricultura exige la rendición de cuentas a la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina Indígena Popular y Popular (ACIP).

La directora de control gubernamental de la Contraloría General de la República, Gladys Fernández, informó que se dispuso la auditoría a la comuna capitalina, para la Intendencia y la Junta Municipal, sobre todo lo referente a obras ejecutadas, rendición de cuentas y recursos del Fonacide.
SAN ESTANISLAO (Corresponsal). Pobladores de la compañía Costa Pacú, situada a 15 kilómetros del centro urbano de esta ciudad, están en constante movilización en repudio a la orden de traslado de la funcionaria del puesto de salud de la comunidad Gladys Fernández. El pedido provendría de algunos políticos colorados que tienen la intención de colocar a algún recomendado en su reemplazo, denunciaron. Indicaron que están cansados de la politización de la salud pública.