juzgado de paz

El funcionamiento de la “mafia de los pagarés”, revelado en las acusaciones del Ministerio Público, evidencia la grosera simulación de notificaciones de los ujieres de los Juzgados de Paz. Estos informaban falsamente haber notificado a los deudores para que se presenten a reconocer sus firmas, ya que la única forma de estar en pocos minutos en lugares tan alejados unos de otros, es siendo omnipresente.

En la acusación presentada contra 61 encausados por el caso “mafia de los pagarés” el Ministerio Público revela un rosario de irregularidades en la tramitación de expedientes en los juzgados de Paz de La Catedral 2° Turno, La Encarnación, San Roque y La Recoleta. De 2.271 expedientes analizados, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero detectaron 791 casos de notificaciones “voladoras” y otras anomalías en 675 resoluciones dictadas por los jueces acusados.

El Ministerio Público presentó acusación contra cuatro jueces de Paz por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” y piden que vayan a juicio junto 8 ujieres, 9 actuarios, 13 oficiales de Justicia y 27 abogados por presunto prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles. La colaboración de 4 ujieres fue fundamental para que la Fiscalía confirme su teorías sobre el funcionamiento de la organización criminal, que era encabezada por los propios magistrados. Estos se quedaban con “la mayor parte de dinero”.

Un Tribunal de Apelación confirmó la admisión de la imputación contra la jueza de paz de La Encarnación, Analía Cibils, por parte del juez Rodrigo Estigarribia. La magistrada está investigada por el Ministerio Público como presunta integrante de un esquema de fraude conocido como la “Mafia de los pagarés”.

La Corte Suprema de Justicia resolvió investigar la desaparición de 2.500 expedientes del Juzgado de Paz del barrio San Antonio, en Asunción, vinculados al caso conocido como “mafias de los pagarés”. La denuncia fue realizada por el juez interino de la sede, y el caso se tramita en la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia. La Corte reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en la gestión judicial.