Ley 1626

El gobierno de Santiago Peña impulsa la reforma de Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, proyecto que tiene “en pie de guerra” a los sindicatos docentes, la principal fuerza electoral del Estado. Entre sus puntos más conflictivos, eleva de dos a cuatro años la posibilidad de la estabilidad laboral pero la puede eliminar mediante “evaluaciones”, prohíbe la reelección indefinida de dirigentes sindicales y la huelga a médicos y maestros por ser servicios “imprescindibles”. Los puntos contra el nepotismo y el libertinaje en las binacionales son casi nulos.