Los exministros de la Secretaría Nacional Antidrogas de Horacio Cartes, Francisco de Vargas y Luis Rojas fueron condenados a tres y cuatro años y medio de cárcel respectivamente. El Tribunal de Sentencia confirmó que cometieron lesión de confianza al adquirir equipos de la firma Televox S.R.L.
Con el rechazo de varios incidentes se inició hoy el juicio oral y público a los exministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Francisco de Vargas y Luis Rojas. La fiscalía sostiene que causaron un perjuicio de casi G. 11.000 millones al Estado con el pago por equipos para espionaje que no fueron entregados a la institución.
Por recargo de juicios orales, el Tribunal de Sentencia postergó para el martes 25 de octubre, a las 7:30, el juzgamiento a los exministros de la Senad Francisco De Vargas y Luis Rojas, acusados por supuesta lesión de confianza en la compra de equipos inservibles y sobrefacturados para espionaje telefónico. El daño patrimonial fue cuantificado en casi G. 11.000 millones.
El juez Humberto Otazú convocó para este lunes, a las 9:30, a audiencia preliminar a los nueve procesados, entre ellos los exministros de la Senad Francisco De Vargas y Luis Rojas, acusados por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. El proceso se inició en 2016 y se dilató hasta ahora debido a las constantes chicanas de los encausados.
El Ministerio Público solicitó la aplicación de sanciones disciplinarias para uno de los procesados por lesión de confianza en perjuicio a la Senad de casi G. 11.000 millones, por la compra de equipos inservibles y supuestamente sobrevaluados, que tenían por finalidad realizar espionajes telefónicos. Fue chicaneada nuevamente la fijación de fecha de audiencia preliminar, en la causa que ya lleva 5 años.
El juez penal de garantías Humberto Otazú dispuso que el 13 de diciembre se haga la audiencia preliminar para los extitulares de la Senad, Francisco José de Vargas y Luis Rojas, y los demás procesados, y a pesar de que advirtió que a quienes planteen recursos dilatorios serán sancionados, uno de los acusados volvió a solicitar aplazar la audiencia que ya lleva 5 años de proceso, por la compra de equipos de espionaje sobrefacturados e inservibles por casi G. 11.000 millones.