5 de diciembre de 2025
El lunes pasado, la ciudad de Lambaré fue escenario de un operativo antidrogas denominado “Conexión CV”, y según el ministro de la Senad, Jalil Rachid, se desmanteló un esquema que desde Paraguay abastecía de armas y drogas al grupo terrorista Comando Vermelho. El funcionario señaló que la estructura criminal operaba bajo la fachada de una empresa importadora de vehículos pero que, sin embargo, adaptaba los rodados para el transporte de drogas y municiones hasta su destino final, las favelas de Río de Janeiro. El ministro Rachid lamentó la falta de colaboración del Ministerio Público, en especial de la fiscalía adjunta para el narcotráfico a cargo de Matilde Moreno, la misma que había amenazado a las hijas del secuestrado Félix Urbieta con suspender la búsqueda de este si es que ellas hablaban con los periodistas. “¡Son una vergüenza! ¡Por eso están donde están! ¡Tienen el freno de mano levantado!”, expresó el jefe antidrogas.

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron imputación contra los jueces de Paz Analía Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Rodríguez y la exjueza Liliana González de Bristot, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados de empresas de cobranzas, por el caso de la mafia de pagarés. En total son 63 imputados.

SANTA ROSA DEL AGUARAY. El dirigente de San Pedro, Elvio Benítez, anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la extitular del Indert, Gail González, tras la divulgación de chats con el fallecido diputado Eulalio (Lalo) Gomes, en los que la funcionaria dice que Benítez y a uno de sus hermanos, estaban detrás de un inmueble comisado del narcotraficante brasileño “Cabeza Branca”.

“...enviar gente de investigaciones y apretar”, ordenó el extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes el 7 de agosto de 2024 al actual director de Policía de Amambay, comisario Ignacio Muñoz. La orden era para un caso particular en el cual se hacía referencia a un error en un giro de dinero, según los chats filtrados de uno de los teléfonos del fallecido legislador. El jefe policial cumplió con el mandato y detuvo en cuestión de horas al que supuestamente recibió la transferencia. Las conversaciones revelan que el Ministerio Público también intervino en el caso.