malversación

La Contraloría General de la República (CGR) detectó varias irregularidades en la Municipalidad de Loreto administrada por el intendente Rodolfo Insaurralde (PLRA) tras una auditoría realizada al periodo fiscal 2023.

Se presentó una lista de municipalidades que les descuentan a sus funcionarios sus aportes jubilatorios, pero no los transfieren a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, lo que mínimamente constituye apropiación y malversación. El monto acumulado ya asciende a 130.000 millones de guaraníes, sin contar intereses. También se conoció un alarmante informe del Ministerio de Economía y Finanzas que da cuenta de que el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, conocido como Caja Fiscal, en siete meses superó el déficit de todo 2023. Ambos casos son parte de un grave problema estructural y una muestra de lo que se le viene encima al país si no se toman urgentes medidas.

Dentro de la determinación de conductas fraudulentas, tenemos una diversidad de cuestiones típicas; en tal sentido, ocupa una situación negativa aquella formación que surge a partir de la “malversación” de caudales públicos, que promueve una acción en dar a los caudales administrados por el “funcionario” una sustanciación distinta a lo que se presupone (consignado).

Según el Ministerio Público, los ex gobernadores de Presidente Hayes, Óscar Núñez y Emigdio Benítez ocasionaron un perjuicio patrimonial de casi G. 73 mil millones entre los años 2008 y 2013. El pedido de pena será presentado este sábado.

Este jueves, la Cámara de Senadores se ocupará de una iniciativa que busca restablecer el contubernio entre politicastros y organizaciones no gubernamentales (ONG) digitadas por ellos, impedido últimamente por la vigente Ley del Presupuesto General de la Nación, en lo que a las Gobernaciones respecta, tras las descomunales presuntas malversaciones detectadas en algunas de ellas y que tomaron estado público, como las del departamento Central, primero, y luego las de Canindeyú, Caazapá, Paraguarí, Misiones. La propuesta es de los senadores colorados Silvio Ovelar y Juan Darío Monges, así como de los liberales Amado Florentín y Abel González.