El nuevo presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, está sacando a la luz múltiples miserias acumuladas en la entidad en los últimos años. Si las ya conocidas bastaban para calificar al ente como una en la que reinan la corrupción, la negligencia y la ineptitud, los nuevos hallazgos ratifican que la entidad estaba sobre todo al servicio de sus insensibles autoridades y funcionarios. Se había montado todo un sistema para aprovecharse de los aportes obrero-patronales, aunque ello implicara arriesgar la vida y la integridad física de los asegurados. La codicia, la desidia y la torpeza convirtieron al IPS en una de las peores instituciones públicas del país.
Cuesta creer que de nada se enteraban el presidente anterior y los consejeros, algunos de los cuales siguen aferrados a sus 32 millones de guaraníes mensuales. El representante de los empleadores, José Emilio Argaña, tras poner su cargo a disposición, pidió un permiso de quince días con goce de sueldo, algo que Isaías Fretes no hubiese hecho “por una cuestión ética”, según dijo. Por su parte, las organizaciones de empleadores, trabajadores y jubilados han venido tolerando que sus portavoces hagan y dejen de hacer lo que les dé la gana, como si tuvieran carta blanca: con Jorge Magno Brítez, expresidente del Consejo de Administración, sus integrantes han sido corresponsables del desastre que el actual presidente ilustró con sus propios descubrimientos, por si aún hacía falta.
Entre otras cosas, según el nuevo titular del ente, mientras faltan medicamentos de uso corriente, más de mil se compraban “al santo botón”, para terminar “podridos” en los depósitos. Una licitación de 76.000 millones de guaraníes “no tiene sentido”, dijo. También dijo que 164 asegurados pueden perder la vista si no se compran “kits” para operar los ojos; desde hace años, en el Hospital Central hay equipos de lavandería averiados, sin que a nadie le importe; solo se ejecutó el 2% de las sugerencias de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. El nuevo auditor interno del IPS, Walter Laguardia, cree que la ilegal coexistencia de dos sistemas de control interno –uno de la entidad y otro del Estado– implica una grave vulnerabilidad administrativa, algo confirmado por la Contraloría General de la República (CGR): el control interno “hace agua” y conste que el sistema de contabilidad paralela le costó al IPS 122.765 millones de guaraníes.
Los costos de los alquileres de equipos y las tercerizaciones superan los 800 millones de guaraníes mensuales en servicios críticos y conllevan listas de espera ineficientes. Según Isaías Fretes, “diez años que se viene alquilando esto; con un mes de alquiler se salva el costo del equipo”. Se derrochaba con ganas, mientras faltaban remedios, insumos y equipos.
Calamidades como las referidas a título de ejemplos no deben quedar impunes para que el expresidente del Consejo de Administración y los miembros que las provocaron o consintieron no sigan enlodando la función pública, como pretenden los ediles asuncenos que avalaron el funesto desempeño de Óscar “Nenecho” Rodríguez, pero tienen el descaro de buscar su reelección.
La CGR y el Ministerio Público podrían constatar numerosos hechos punibles si hurgaran como corresponde y tomaran nota de los dichos del actual presidente del Consejo de Administración. Valga como historial que, en febrero de 2024, el IPS presentó a dichos órganos una documentación sobre el presunto desvío de más de 1,6 billones de guaraníes en la gestión del expresidente del Consejo de Administración, Vicente Bataglia; en febrero de ese año, una Cámara de Apelaciones ordenó al Ministerio Público agotar la investigación del caso.
El mensaje es “tolerancia cero”, dijo en aquel entonces José González, el director jurídico de la entidad que renunció en marzo último porque no habría podido justificar un aumento patrimonial de 215%. El Ministerio Público abrió una causa penal por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. El rotundo mensaje citado, evidentemente no cumplido, debe tener hoy vigencia efectiva para que el IPS deje de castigar a los asegurados y beneficiar a sinvergüenzas, inútiles y haraganes. Por la salud de la República, es hora de sanearlo de arriba abajo para que de una vez por todas empiece a librarse de la malversación, el despilfarro y la mala praxis en más de un sentido, que lo azotan desde hace muchísimo tiempo.
En suma, las contundentes revelaciones de Isaías Fretes no deben terminar en la nada, algo habitual en un país donde la impunidad de los que mandan es la norma consuetudinaria. La perversidad de burlarse con descaro de los pacientes y de sus familiares tiene que ser sancionada para que el IPS llegue a cumplir su alta misión.