Mansion

El barrio cerrado ubicado en un área protegida del lago Ypacaraí en San Bernardino no tenía licencia ambiental cuando el presidente Santiago Peña “compró” una fracción de media hectárea y construyó en ella su lujosa casa de descanso. Así lo confirmó el Mades, que en un intento por justificar el incumplimiento de la Ley 294 “De Impacto Ambiental” cayó en un rosario de contradicciones. El director de Control de Calidad Ambiental y Recursos Naturales de la secretaría de Estado, Christian Ferrer, reconoció que la DIA es un trámite previo para la ejecución de una obra o actividad.

La mansión del presidente Santiago Peña se construyó en un barrio cerrado de San Bernardino sin licencia ambiental aprobada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Así lo evidencia la misma secretaría de Estado, que respondió a un pedido de información en el cual confirma solo la presentación en 2023 de un Estudio de Impacto Ambiental (EIAp) para ese emprendimiento, pero está aún en análisis técnico. El proyecto inmobiliario impulsado por el exfuncionario de Quiebras Walter Ruiz Maciel estaría en zona de recursos manejados al lago Ypacaraí, considerada área protegida, de acuerdo a un estudio del MOPC realizado en 2014.

La exsenadora Desirée Masi (PDP) criticó en su red social a quienes defienden las acciones del Presidente de la República con respecto a la mansión en San Bernardino. “Hay que ser muy hurrero para creer que es su plata”, dijo la opositora, refiriéndose a que Santiago Peña no pudo haber adquirido esa propiedad con recursos obtenidos honestamente.

El contralor general, Camilo Benítez, confirmó que Santiago Peña construyó su mansión, valuada en US$ 2 millones, en un inmueble que está a nombre de Walter Ruiz Maciel, exdirector jurídico de la Sindicatura General de Quiebras y cercano al procesado Alberto Koube.

Lo que está mal, está mal. No importa cuántas veces repitan que está bien, o intenten disfrazar de bien lo que está mal. No importa siquiera el silencio de las instituciones de control que deberían estar haciendo preguntas y están con un silencio de ultratumba: Lo público siempre será público. Las autoridades serán siempre fiscalizables. El dinero público siempre será auditable. No me crean a mí, diría mi vecino de columna, lo dice la Constitución Nacional de la República del Paraguay.