La abogada Mariela Rivarola Aquino, quien cobró un millonario desembolso del Indert por tierras con restricciones judiciales, defendió la operación en una carta enviada a nuestro diario, en la que, sin embargo, no pudo justificar el cuestionamiento principal. La letrada no explica por qué se firmó escritura de traslación de dominio y se procedió al pago por un inmueble con prohibición de contratar y con embargos por más de G. 2.000 millones.