operaciones financieras

Ciertamente, el ocultamiento y encubrimiento del origen de todo “beneficio” obtenido ilícitamente, se ha reordenado ante un nuevo parámetro de fuente económica. Esto, implica un mayor control, en vista a la complejidad del mundo financiero, pues bien, las “asociaciones criminales” se encuentran invirtiendo en los diversos mecanismos para el blanqueo de capitales. Así es que, debemos perpetuar lo que la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) considera con razón al grupo delictivo organizado, entendiéndolo como un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener, directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

A este respecto, el fraude financiero ocupa una dimensión amplia de acciones que desvirtúan la seguridad económica y la confianza transaccional, ante la vulnerabilidad de los sistemas de control de las empresas que (comúnmente) se hallan al arbitrio de la automatización de las operaciones financieras que incrementan los riesgos económicos.

Desde hace 50 días la República del Paraguay sabe que lo mínimo que puede decir del presidente –con permiso– de la Corte Suprema de Justicia y ministro, Antonio Fretes, es que es un sinvergüenza: ha perdido la dignidad, está ensuciando el cargo de la más alta magistratura judicial y ya ni hablemos de honorabilidad, un tratamiento que está lejos de merecer. Según el titular del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello, el norte que tienen previsto como brújula para el próximo ministro o ministra que llegue a la Corte, el atributo insustituible y la gema en cuya búsqueda persistirán, es la honorabilidad. Se entiende que esta palabra se sostiene sobre todo en la honradez, en el respeto que inspira a los demás por su reputación o sus cualidades morales, cualidades todas que Fretes pareciera haber perdido hace mucho tiempo.

Desde la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay expresaron su desacuerdo con la sanción del Senado sobre las operaciones electrónicas. Argumentan que de concretarse este nuevo mecanismo, se requerirá de prestadores de servicio de confianza certificados, figura que no existe en Paraguay, por lo que solo se sumarán más trámites onerosos y que no empatizan con la realidad del usuario. Advierten que habrá exclusión financiera. La senadora Desirée Masi, en sus redes sociales, sentenció: “chau giros”.

Ome'ê cháke ha ohapejokóse frenazo económico