5 de enero de 2026
Pese a que no le gusta que se la trate como una estrella y la timidez la sonroja en cualquier lugar y hora, Mabel Rehnfeldt es una de las principales referentes del periodismo paraguayo. Ha inaugurado una nueva forma de hacer periodismo en radio con la investigación y la convergencia de plataformas tecnológicas. En coincidencia con los 10 años de ABC Cardinal, sus respuestas permiten reflexionar sobre lo andado y los desafíos de la radio.


Este miércoles, mediante el cartismo, se postergó el tratamiento de la Ley de protección a periodistas. En medio de amenazas y ataques de que son víctimas los trabajadores, el senador liberocartista Dionisio Amarilla dijo que la propuesta legislativa supuestamente crearía una “casta”, con ciudadanos de primera y de segunda.


“El estilo de Trump es transaccional”, define Juan Carlos López, director político de la cadena CNN en Español, presentador y jefe de corresponsales en Washington, de visita por Asunción. El periodista se refirió a los peligros que acechan a la libertad de expresión, las presiones comerciales sobre los medios de comunicación, la judicialización de la prensa por parte de los gobiernos y las “líneas autoritarias” que se ven en Estados Unidos.
Esta semana, Paraguay será sede de audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 180º periodo de sesiones de este tribunal, que ya ha dictado 15 sentencias contra el Estado paraguayo por su responsabilidad internacional de violación de derechos humanos, de las cuales, hasta ahora dos de ellas son por violación a la libertad de expresión. Estas sentencias, en los casos “Ricardo Canese” y “Santiago Leguizamón” dejaron para el país estándares de protección a la libertad de expresión y la obligación reforzada de prevenir hechos de violencia contra periodistas y trabajadores de la prensa. Sin embargo, lejos de seguir estas obligaciones vinculantes para el Estado, nuestras autoridades se han destacado en los últimos meses por dictar leyes “mordaza” o leyes “garrote”, poniendo trabas al derecho de participación activa de las organizaciones sin fines de lucro, persiguiendo a activistas de derechos humanos o amenazando a medios críticos de comunicación y periodistas en el ejercicio de su labor comunicadora.