La Comisión Nacional de la Competencia, presidida por Eduardo Neri González, se apura a actuar cuando se trata de ponerse del lado de quienes detentan el poder, pero se lava olímpicamente las manos en cualquier asunto que de alguna manera pueda entrar en conflicto o disgustar a los de “arriba”. El último caso fue la indisimulada amenaza a empresas del ramo de combustibles por atreverse a elevar sus precios en contra de la posición oficial, mientras, por ejemplo, pone inadmisibles excusas para abstenerse de investigar la recurrente política de “dumping” de Petropar. Instituciones como estas, manejadas de esta manera, no le sirven a la República.
El director de investigación de la Conacom, Ricardo Gavilán Chamorro, salió por los medios de comunicación a manifestar su personal “indignación” (lo que de por sí compromete su imparcialidad) por la suba de precios de algunos emblemas de combustibles y a anunciar la apertura de una causa por presunta colusión o cartelización. No contento con ello, insinuó que se podrían aplicar multas de “hasta 20 millones de dólares” y que se perseguiría no a los gremios, sino a las empresas particulares.
El concepto de “cartelización” sugiere un pacto ilegítimo entre proveedores de un bien o servicio para establecer precios o condiciones abusivos valiéndose de su posición monopólica u oligopólica. Esta situación difícilmente se pueda dar hoy en día en el sector combustibles porque existen 24 distribuidores privados de distinto tamaño, nucleados en seis gremios diferentes, además de la estatal Petropar.
Menos todavía se podría sancionar a una empresa en particular por elevar sus precios si así lo decide, porque los precios de los combustibles en el Paraguay son libres y son los clientes los que deben decidir si los aceptan o no. Si todos se pusieran de acuerdo con intenciones indebidas y no dejaran opciones a los consumidores sería distinto, pero no es este el caso, puesto que rige una diversidad de cotizaciones en el mercado, incluyendo los de la compañía estatal, y los emblemas claramente compiten entre sí.
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Si alguna duda quedara, en esta oportunidad no fueron todos los emblemas los que subieron sus precios, sino solo un grupo de ellos asociados a la Cámara de Distribuidores Paraguayos de Combustibles (Cadipac), que es la asociación de los más pequeños, como reacción al pico del precio del crudo que se registró por el conflicto en Medio Oriente, el cual luego se normalizó tras el alto al fuego entre Israel e Irán y la confirmación de este último de que no bloquearía el estratégico estrecho de Ormuz.
Pese a ello, la politizada Conacom, cuyos miembros son nombrados enteramente por el Poder Ejecutivo, rápidamente salió a amenazarlos, y no es la primera vez que arremete contra el sector privado de este rubro para hacerles el juego a pretendidas maniobras populistas del Gobierno.
En cambio, nada en absoluto hace ante la evidente competencia desleal de Petropar. La mera existencia y la razón de ser de la Conacom se funda en el artículo 107 de la Constitución Nacional, que proscribe los monopolios y establece que no se permitirán el alza “o la baja” artificiales de precios que traben la libre concurrencia. Petropar desde hace años tiene precios artificiales, al punto de que acumula pérdidas por más de 60 millones de dólares en sus tres últimos ejercicios, como puede comprobarse en sus balances, que son de público conocimiento.
La Conacom hace la vista gorda con el falaz argumento de que Petropar se rige por una ley propia, cuando la ley en ningún caso está por encima de la Constitución. En vez de asumir sus responsabilidades y no comportarse como un conglomerado de funcionarios pusilánimes, renuncia dócilmente a sus obligaciones constitucionales.
Los últimos galardonados con el Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, demostraron en su tesis sobre las causas de las diferencias de prosperidad entre las naciones que la calidad institucional es un factor crucial, quizás el más importante, para el desarrollo de los países. Con instituciones como la Conacom, sometidas al poder político, con miembros más preocupados por agradar a quienes los nombran que por cumplir sus funciones, el Paraguay no va a terminar de salir adelante.