26 de marzo de 2026

La jueza Carmen Analía Cibils asegura que no existió el “doble cobro” y acusa a la Fiscalía de beneficiar a los funcionarios que confesaron no haber hecho las debidas notificaciones en el caso “Mafía de los pagarés”. Desafía a la Justicia a ir a un juicio oral sin “salidas procesales” para los implicados.

El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo el juicio al juez de Paz de Ybycuí Francisco Goiburú Martínez por supuesto prevaricato, advirtió la posibilidad de estudiar una calificación distinta a la presentada por la Fiscalía. El juez también deberá responder por presunta extorsión.

El juicio oral y público al juez de Paz de Ybycuí Francisco Goiburú Martínez por supuesto prevaricato continúa hoy, con testificales. Este es uno de los pocos casos en que el acusado sigue cumpliendo funciones en la magistratura, a la par que afronta su juzgamiento por supuesto hecho de corrupción.

Los más de 60 acusados por presunto prevaricato y delitos contra la prueba documental en el caso “mafia de los pagarés” fueron convocados por los juzgados de Garantías Especializados en Delitos Económicos, a fin de realizar las audiencias preliminares y resolver si van a juicio oral. Las diligencias se iniciarán el lunes 13 de octubre y están fijadas hasta el último mes de este año.

El funcionamiento de la “mafia de los pagarés”, revelado en las acusaciones del Ministerio Público, evidencia la grosera simulación de notificaciones de los ujieres de los Juzgados de Paz. Estos informaban falsamente haber notificado a los deudores para que se presenten a reconocer sus firmas, ya que la única forma de estar en pocos minutos en lugares tan alejados unos de otros, es siendo omnipresente.

En la acusación presentada contra 61 encausados por el caso “mafia de los pagarés” el Ministerio Público revela un rosario de irregularidades en la tramitación de expedientes en los juzgados de Paz de La Catedral 2° Turno, La Encarnación, San Roque y La Recoleta. De 2.271 expedientes analizados, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero detectaron 791 casos de notificaciones “voladoras” y otras anomalías en 675 resoluciones dictadas por los jueces acusados.