22 de diciembre de 2025
El Banco Central del Paraguay (BCP) se prestaría a avalar, en contra de la ley, al “banco amigo” del presidente de la República, Santiago peña, ueno bank, que se repartan ganancias que no existen “con dinero público”, denunció ayer el senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista.



Dentro del esquema conocido como “La Mafia de los Pagarés”, en los que se realizaban juicios de ejecución con pagarés de deudas ya saldadas para estafar a funcionarios públicos con descuentos compulsivos, el Banco Nacional de Fomento (BNF), donde la mayoría de las víctimas recibían sus salarios, priorizó un contrato privado con una empresa de descuentos, antes de priorizar a sus clientes, según denunció Rafael Filizzola.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, informó a los senadores que no asistiría a la reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública a la que había sido convocado, que debió realizarse hoy, actitud que generó una fuerte reacción de uno de sus miembros.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado había convocado al canciller Rubén Ramírez Lezcano para este martes, sin embargo, el funcionario no compareció por “compromisos asumidos”. Por el caso, el senador Rafael Filizzola lo calificó como “un gran irresponsable”.

Entre los datos que surgen del segundo avance del trabajo de la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés, ayer se dieron a conocer datos numéricos sobre las víctimas. La mayoría fueron mujeres, docentes y oriundos del interior del país.

La Comisión Antimafia de Pagarés del Senado, presidida por el senador Rafael Filizzola, reveló un entramado de irregularidades que, durante más de una década, habría perjudicado a miles de trabajadores públicos. Tras conocer el informe, varios senadores plantearon promover una denuncia penal contra los responsables del esquema, que incluye juicios ejecutivos masivos, embargos salariales, descuentos abusivos y una presunta red integrada por empresas privadas y operadores del sistema judicial.