25 de julio de 2026
La elección del próximo contralor general de la República se está convirtiendo en otro ejercicio de simulación democrática. Mientras el país necesita con urgencia un órgano de control independiente, técnico y valiente, lo que se observó en las audiencias del Senado fue un trámite ritual, con bancas vacías, preguntas tibias y un debate que giró más alrededor del color partidario que de la capacidad real de fiscalizar el uso del dinero público. No es un cargo menor. La Contraloría General de la República es, en teoría, el último dique extrajudicial de contención contra el despilfarro, la corrupción y la impunidad. Es la institución que debería auditar con rigor a Itaipú, a Yacyretá, a los ministerios, a las municipalidades, a las gobernaciones y a todos los entes que manejan recursos del pueblo paraguayo. En la práctica, sin embargo, ha sido durante años un botín político más, ocupado por figuras que raramente incomodaron al poder de turno. Esa historia de debilidad institucional es precisamente lo que no puede repetirse.
La pandemia del covid-19 desnudó la grave falencia en la salud pública debido a décadas de desidia de parte de las autoridades del país sin distinción de color, pues pasaron varios gobiernos sin que haya cambiado casi nada. Pero, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, el coronavirus motivó una importante mejora en infraestructura en los hospitales.

En horas de la tarde de ayer, un ciudadano denunció que el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodriguez, estaba utilizando una camioneta de la Municipalidad para trasladar un cartel de su movimiento político. Además, Dani Centurión, precandidato a intendente, habría transportado una caja con su nombre en un móvil de SNPP y Lucas Lanzoni, intendente de Ñemby, coloca su nombre en los registros de conducir de dicha ciudad.
