La elección del próximo contralor general de la República se está convirtiendo en otro ejercicio de simulación democrática. Mientras el país necesita con urgencia un órgano de control independiente, técnico y valiente, lo que se observó en las audiencias del Senado fue un trámite ritual, con bancas vacías, preguntas tibias y un debate que giró más alrededor del color partidario que de la capacidad real de fiscalizar el uso del dinero público.
No es un cargo menor. La Contraloría General de la República es, en teoría, el último dique extrajudicial de contención contra el despilfarro, la corrupción y la impunidad. Es la institución que debería auditar con rigor a Itaipú, a Yacyretá, a los ministerios, a las municipalidades, a las gobernaciones y a todos los entes que manejan recursos del pueblo paraguayo.
En la práctica, sin embargo, ha sido durante años un botín político más, ocupado por figuras que raramente incomodaron al poder de turno. Esa historia de debilidad institucional es precisamente lo que no puede repetirse.
Hoy, con más de cuarenta postulantes en carrera, el Senado tiene la oportunidad de romper esa vergonzosa tradición. Algunos candidatos han planteado ideas sensatas y necesarias: una Contraloría orientada a la ciudadanía, con auditoría forense, digitalización de procesos, trazabilidad de los recursos públicos y priorización del mérito técnico por encima de la afiliación partidaria.
Son propuestas que apuntan a convertir al organismo en una herramienta útil para la gente y no en un simple aparato de formalidades. Sin embargo, el ambiente que rodea el proceso no genera optimismo. Las audiencias se desarrollan con escasa presencia de senadores y casi nula interpelación. Cuando el interés real es bajo, el resultado suele estar escrito de antemano. Pero la pregunta que surge ante este desinterés es: ¿los senadores representan realmente al pueblo paraguayo? La respuesta es evidente, y el riesgo es grave.
Si el nuevo contralor es elegido por lealtad política y no por competencia e independencia, se repetirá la historia conocida: un organismo que mira hacia otro lado cuando los escándalos involucran al oficialismo, que emite informes diluidos y que termina siendo cómplice por omisión o “correspondencia”.
Paraguay no puede permitirse ese lujo. Los casos recientes –desde el uso cuestionado de fondos públicos en campañas digitales hasta las debilidades fiscales que se esconden detrás del grado de inversión otorgado por las calificadoras internacionales– demuestran que el control efectivo no es un lujo retórico, sino una necesidad urgente para la salud democrática y económica del país.
Un contralor independiente no es un adversario del Gobierno. Es un aliado de la República. Su función no consiste en hostigar por hostigar, sino en garantizar que cada guaraní del erario se utilice conforme a la ley y al interés público.
Cuando esa función se debilita, se debilita también la confianza ciudadana en las instituciones. Y sin confianza, no hay democracia sostenible ni desarrollo posible. El Senado tiene en sus manos la posibilidad de enviar una señal clara: que el control al poder importa más que la comodidad del poder.
La ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que un nombre impuesto por la mayoría colorada o por cualquier otra fuerza política. Tiene derecho a un contralor que no tema investigar, que publique hallazgos sin maquillaje, que rinda cuentas ante la sociedad y no ante un partido. Un contralor que entienda que su mandato no es proteger al Gobierno de turno, sino proteger los recursos de todos los paraguayos. Un contralor que sepa que su legitimidad no proviene del color de la bancada que lo eligió, sino de la seriedad con que ejerce su función.
El Senado todavía está a tiempo de hacer lo correcto. Puede elegir por mérito, por trayectoria y por independencia demostrada. O puede, una vez más, optar por la comodidad política y por el acomodo de lealtades.
Si elige lo segundo, no solo defraudará a la ciudadanía: confirmará que en Paraguay las instituciones de control siguen siendo, en el fondo, una ficción. El país necesita un contralor firme. No un funcionario dócil. La diferencia entre uno y otro puede determinar si el control del poder es real o apenas un discurso vacío de contenido. ¿Defensores o verdugos de la democracia? El tiempo lo dirá.