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La Dirección General de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo está acéfala desde hace al menos quince días. Su anterior responsable, Eva Giménez, fue comisionada a la Contraloría General de la República. Desde entonces nadie ha sido nombrado en su reemplazo ni como interino. Además la dependencia, que entre 2020 y agosto pasado recaudó más de G. 1.700 millones de los objetores, el jueves se quedó hasta sin oficina.