6 de marzo de 2026

Gremios de comunicadores y periodistas cuestionan y rechazan el “bozal” impuesto en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), calificándolo como un retroceso ilegal y una amenaza al derecho a la información. Mientras el presidente Santiago Peña “vende” un Paraguay moderno y transparente al mundo, su administración en la binacional se atrinchera en el hermetismo para ocultar el despilfarro y la falta de probidad.


La Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) demandó a Itaipú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ocultar información relacionada al uso de los fondos sociales. El monto anual que se distribuyen es entre U$S 90 y 110 millones. Además, se solicita conocer las decisiones que toman los consejeros paraguayos.

Este martes, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) iniciará los trámites ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una demanda por violación de derechos humanos fundamentales por parte del director general y consejeros paraguayos de Itaipú, así como para que estos provean información de carácter público, según informó Rubén Penayo, secretario general adjunto de la organización.

Bajo la figura de “amicus curiae” (amigos del tribunal), representantes de distintas organizaciones no gubernamentales y referentes de la sociedad civil abogaron hoy por la confirmación del fallo favorable al amparo de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, ante el Tribunal de Apelación en lo civil, primera sala.

Las magistradas Valentina Núñez, Antonia López de Gómez y Stella Marys Zárate, integrantes del Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, primera sala, tienen a su cargo el estudio de la apelación presentada por la Itaipú Binacional contra el fallo que ordena proveer información a la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP).

En referencia a que Itaipu Binacional se cierra ante un pedido de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay de hacer públicos datos de reuniones de consejeros, recordaron que la información pública, además de estar estipulada en la Constitución Nacional, es un derecho humano.