La jueza penal de sentencia Ninfa Torres de Ramos, que había sido suspendida sin goce de sueldo por otorgar la prisión domiciliaria al narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, finalmente recibirá su salario. Así lo dispuso ayer la Corte Suprema de Justicia en su sesión ordinaria, donde con el voto en mayoría se decidió hacer lugar parcialmente a la reconsideración planteada por la jueza.
La Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional realizará una auditoría al expediente del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias “Chapaló”, quien estuvo a punto de ser beneficiado con la prisión domiciliaria. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.
Víctor “Chapaló” Brítez Aranda, condenado a 26 años de cárcel por narcotráfico y a 3 años por lavado de dinero, estuvo a un paso de ser beneficiado con el arresto domiciliario. Pero hoy, en horas de la tarde, se conoció que la magistrada que dio la orden, retiró del Ministerio de Justicia el oficio por el cual notificaba la decisión que favorecía al reo.
La jueza penal de Sentencia de Caaguazú, Ninfa Torres de Ramos, otorgó ayer la prisión domiciliaria a Víctor “Chapaló” Brítez Aranda, condenado a 26 años por narcotráfico y a tres años por lavado de dinero. Esto ante indicaciones de los médico forense y de cabecera del mismo de que debe recibir tratamiento médico por afecciones graves de salud y también someterse a una cirugía. Ante la peligrosidad del mismo, el Ministerio de Justicia informó a la Corte Suprema de Justicia sobre la resolución, según informaron fuentes.
La Cámara de Apelaciones de San Pedro, integrada por José Valiente, Genaro Centurión y Carlos Lezcano, revocó la orden del juez de Ejecución, Néstor Arévalos, quien le había concedido al narcotraficante condenado Víctor Brítez Aranda un permiso para que este viviera en un régimen totalmente abierto y sin ningún tipo de custodia en la supuesta granja denominada Porvenir.
El supuesto narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias “Chápalo”, y otros cinco miembros de su banda afrontarán juicio oral y público por tráfico de drogas, derivado de la incautación de una carga de 300 kilos de cocaína, resolvió ayer el juez Gustavo Amarilla.