Corte ordena auditar causas del narcotraficante Chapaló

La Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional realizará una auditoría al expediente del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias “Chapaló”, quien estuvo a punto de ser beneficiado con la prisión domiciliaria. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.

Víctor Brítez Aranda, "Chapaló", tras su aprehensión en el marco del operativo "Valentine", en abril del 2014.
Víctor Brítez Aranda, "Chapaló", tras su aprehensión en el marco del operativo "Valentine", en abril del 2014.

La Corte Suprema de Justicia dispuso la realización de una auditoría de gestión a los expedientes del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, tras conocerse a través de los medios de comunicación que el mismo había sido beneficiado con la prisión domiciliaria.

“Chapaló” está sindicado como jefe de una organización internacional que traía droga de Bolivia y la transportaba al Brasil, vía aérea y terrestre. Actualmente tiene dos condenas: una de 26 años de cárcel por narcotráfico y otra por lavado de dinero, en la que además de 3 años de pena privativa de libertad, se dispuso el comiso de once propiedades.

La orden correspondiente -el Auto Interlocutorio N° 73- fue firmada por la jueza penal de sentencia Ninfa Torres de Ramos, el 11 de noviembre de 2021 y disponía otorgar la prisión domiciliaria al interno condenado Víctor Brítez Aranda, por un plazo de tres meses a partir de la fecha señalada.

Añade el documento judicial que “transcurrido dicho plazo el mismo debe presentarse en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, sin necesidad de interpelación judicial”.

La resolución se funda en indicaciones hechas por los médicos forense y de cabecera, de que Brítez debe recibir tratamiento a sus “afecciones crónicas de diabetes, hipertensión arterial, artrosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y ginecomastía bilateral”, para esta última -según las indicaciones médicas- debe someterse a una cirugía.

La notificación causó alarma en esferas del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público, en atención a la peligrosidad del condenado y la posibilidad de que aproveche la situación para escapar.

Tras recibir el oficio correspondiente, antes de dar cumplimiento a la disposición judicial, autoridades del Ministerio de Justicia contactaron con la Corte Suprema de Justicia para exponer su preocupación por la decisión, que para entonces ya había ganado estado público.

Tras difusión, jueza revocó su decisión

Sorpresivamente, ya en horas de la tarde, la magistrada informó a las autoridades penitenciarias su decisión de dejar sin efecto el beneficio otorgado al citado narco y hasta retiró el oficio correspondiente.

No obstante, la Corte Suprema ya había encargado una auditoría al caso y los profesionales que verificarán el expediente deberán determinar si realmente se daban las condiciones establecidas para la concesión del beneficio.

Granja vip “mau”

El 17 de junio de 2019, un día después de que se haya registrado la masacre del Primer Comando Capital (PCC) contra integrantes del clan Rotela, entre la población común de la cárcel de San Pedro de Ycuamandyyú, Víctor Brítez Aranda protagonizó un escándalo mayúsculo, tras conocerse que vivía con el también narcotraficante Ángel Tranquilino Giménez en una granja vip “mau”, fuera del recinto penitenciario.

En el referido sitio, fue construido con los propios recursos de los narcotraficantes presos en dicha penitenciaría y a espaldas de las autoridades del Ministerio de Justicia. Fuentes indicaron que los narcos ahí instalados llevaban “vida normal” e incluso hacían vida social en horas de la noche, en distintos locales de la zona.

Traslado, denuncia y asesinato

Giménez, quien cumplía condena de 21 años de cárcel por narcotráfico, fue trasladado posteriormente a la cárcel regional de Ciudad del Este, donde fue ejecutado el 27 de agosto del 2019. Llamativamente, el recluso había anunciado que denunciaría a una rosca de funcionarios corruptos.

Llamativamente, el crimen se produjo luego de que Giménez había anunciado que denunciaría a una rosca de funcionarios corruptos.

Los investigadores señalan a Víctor Brítez Aranda como líder de una organización criminal que operaba desde un establecimiento ganadero ubicado en la compañía Mbocayá Pucú de Ybycuí. El ahora condenado logró armar un complejo esquema para traer pasta base de Bolivia, procesarla en laboratorios clandestinos instalados en Alto Paraná y luego remesarla al Brasil y Mozambique, en África.

El narcotraficante cayó preso el 4 de abril del 2014, en su lujosa residencia del Paraná Country Club de Hernandarias.

En otros dos allanamientos realizados a propiedades suyas, una en Coronel Oviedo y en otra en Ybycuí (Paraguarí), los agentes antidroga incautaron 309 kilos de cocaína, varios vehículos y fueron detenidos ocho supuestos miembros de una poderosa organización dedicada al narcotráfico.

El 5 de julio del 2017 Brítez Aranda fue condenado a 26 años de cárcel por tenencia y tráfico de drogas y asociación criminal. Otros cinco miembros de la organización fueron sentenciados a penas de 18 a 24 años de reclusión.

El 21 de setiembre de 2020, otro Tribunal de Sentencia condenó a Víctor Brítez a tres años de pena privativa de libertad y dispuso el comiso de once propiedades, por lavado de dinero.

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