La batalla no estaba ganada y al principio fue objeto de duras negociaciones en Bruselas en medio de un intenso cabildeo. Los gigantes estadounidenses digitales, poco inclinados a llevarse la mano al bolsillo por contenidos que utilizaban hasta ahora gratuitamente, se enfrentaban a editores de prensa europeos decididos a ser pagados al justo valor.
Todo comenzó en septiembre de 2016, cuando la Comisión Europea presentó una vasta reforma del derecho de autor, destinada a adaptar a la era digital una legislación que databa de 2001, cuando Facebook no existía.
Tras discusiones encarnizadas entre los 27 Estados miembros miembros de la UE, así como en el Parlamento europeo, la directiva europea sobre derechos afines a los derechos de autor fue adoptada en marzo de 2019.
Quedaba entonces a los 27 países de la Unión la transposición de la directiva a su derecho nacional. Francia, muy avanzada en el tema, fue el primer país europeo que aplicó estas nuevas reglas: una ley fue adoptada desde julio de 2019, y entró en vigor tres meses más tarde.
El balón quedaba luego en el campo de los editores y las agencias de prensa, como la Agencia France-Presse (AFP), que debían negociar con las plataformas como y a qué precio podía ser utilizada su producción, protegida durante dos años tras la publicación.
Google consideró durante mucho tiempo que no debía pagar por extractos captados en sus páginas de resultados, argumentando que el tráfico que se genera en los sitios internet de los editores ya los remuneraba.
Las discusiones se dieron entre Google y la Alianza de la prensa de información general (APIG), que representa a la prensa diaria nacional y regional, así como con el Sindicato de editores de la prensa de revistas y la Agencia France-Presse.
Tras haber estado reticentes, Google y Facebook comenzaron a firmar acuerdos con los diarios franceses para remunerar por la utilización de sus contenidos.
Esto no impidió que Google fuera multada en julio pasado con 500 millones de euros (unos 565 millones de dólares) por la Autoridad francesa de la competencia por no negociar “de buena fe” con la prensa del país. Google presentó apelación en septiembre.