Su secretario general, el mexicano Ángel Gurría, se mostró convencido de que estos principios, que no son vinculantes jurídicamente, “constituirán una referencia mundial” como ya ha ocurrido con otras iniciativas similares de su organización.

Los 36 Estados miembros y los seis asociados asumen que los sistemas de inteligencia artificial deben estar concebidos de forma que respeten el Estado de derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad con garantías para que, por ejemplo, haya una intervención humana si es necesario.

También que se debe asegurar la transparencia y la divulgación “responsable” de las informaciones utilizadas para que las personas puedan saber cuándo están interactuando con dispositivos de inteligencia artificial y puedan contestar los resultados.

Para los 42 países implicados, los sistemas de inteligencia artificial deben ser robustos y ofrecer garantías de seguridad durante todo su ciclo de vida. Además, las personas y organizaciones que los generen, desplieguen y exploten habrán de ser responsables de su buen funcionamiento y del respeto de esos principios.

La OCDE recomienda a los poderes públicos que faciliten la inversión pública y privada para estimular la innovación en “una inteligencia artificial digna de confianza” que favorezcan sistemas accesibles, que doten a las personas de competencias para su uso, sobre todo en el ámbito laboral. Y que favorezcan la cooperación para establecer normas internacionales.