El Poder Ejecutivo promulgó las modificaciones del Artículo 245 del Código Procesal Penal que devuelve a los jueces la plena facultad de otorgar o no medidas alternativas a la prisión a las personas procesadas por crímenes como el enriquecimiento ilícito. También se aprobó otra ley que amplía los plazos procesales para evitar el caos judicial.