Diez familias han recurrido hasta el momento a amparos judiciales, a través de la Defensoría Pública, de modo de asegurar camas dentro de las unidades de terapia intensiva para sus pacientes en estado grave a causa del COVID-19. La Dra. Lorena Segovia, defensora general, detalló que se consiguieron tres sentencias para que las personas puedan ingresar a estas salas de cuidados intensivos y, afortunadamente, se pudieron obtener otras siete camas de UTI antes de iniciar oficialmente el recurso de amparo.