Una joven con autismo denuncia su descontratación de la Secretaría de la Juventud como castigo por consultar cómo iba el proceso de regulación de su contrato. Según una ley, todas las instituciones públicas deben contar como mínimo con un 5% de su funcionariado con algún tipo de discapacidad para fomentar la inclusión. Hoy la cifra de personas con esta condición no superan las 3.000, cuando tendrían que ser más de 14.000.