El Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, asignó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un presupuesto de más de G. 1,3 billones (US$ 197 millones) para el próximo año, prácticamente igual al presupuesto que está en ejecución en el presente ejercicio.
La propuesta de plan de gasto para 2023 no incluye aumento salarial para los funcionarios ni para los magistrados, tampoco la creación de más cargos de personal.
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Estos números previstos para el Poder Judicial servirán de referencia al Congreso durante el estudio del proyecto de presupuesto 2023, teniendo en cuenta que los gastos se establecen en función a las proyecciones de ingresos tributarios y no tributarios realizados por Hacienda.
La Corte Suprema tiene autonomía
La Corte, por su parte, había aprobado la presentación al Congreso de un proyecto de presupuesto para el año venidero de más de G. 2,1 billones (US$ 305,8 millones).
El monto pretendido por la máxima instancia judicial representa 56% más que su presupuesto vigente, diferencia que equivale a G. 777.692 millones US$ 109,5 millones); y 55,2% más que el asignado como presupuesto en el proyecto del Ejecutivo, que equivale a G. 772.384 millones (US$ 108,8 millones).
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La máxima instancia judicial, como poder del Estado, sin embargo tiene autonomía en el manejo de su presupuesto y presenta su propuesta directamente al Parlamento sin necesidad de tener el visto bueno de Hacienda.
El plan de la Corte incluye aumento salarial para magistrados, funcionarios y contratados, la creación de 695 cargos y el nombramiento de más de 1.300 contratados, entre otros.
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Los parlamentarios tendrán que definir cual de los proyectos será aprobado, el asignado por Hacienda, que está dentro del tope de déficit fiscal, o el solicitado por la Corte, que aumenta el gasto salarial, hecho que haría disparar el saldo rojo al no tener financiamiento genuino.
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso inició el estudio del PGN 2023 y en dos semana más convocaría a las autoridades de la Corte para que expliquen su propuesta. El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, fue el primero en acudir y pidió que en general se respete el tope de gasto planteado por el Ejecutivo.