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El informe de cierre del ejercicio 2022 da cuenta que la deuda pública total, que incluye a la administración central y las entidades descentralizadas, aumentó US$ 1.422,4 millones con relación al ejercicio 2021, lo que implica 10,4% en el periodo de un año.
En 2021 había cerrado en US$ 13.631,3 millones, 34,6% del PIB en aquel entonces; pero al término de diciembre último la cifra creció a US$ 15.053,7 millones, equivalente al 36,6% del PIB.
La deuda en lo que va del gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR), de 2018 a 2022, se incrementó en US$ 7.012,8 millones, lo que representa 87,2% más.
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En este periodo presidencial, los incrementos se dieron principalmente entre 2019 y 2020 cuando se emitieron bonos y se obtuvieron préstamos para enfrentar la caída de la economía y la pandemia por covid-19, respectivamente; así como también fueron a salarios de funcionarios, jubilaciones, pensiones y para el pago de los vencimientos de deudas.
Las compras de insumos y medicamentos de salud con estos fondos provenientes de los préstamos, también fueron blancos de numerosas denuncias de corrupción.
La mayor deuda es en bonos
Los acreedores son los organismos financieros internacionales (BID, Banco Mundial, CAF, Fonplata y otros), tenedores de bonos del Tesoro (local e internacional) y inversionistas en obras públicas bajo la ley “llave en mano”.
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De acuerdo con la clasificación, la deuda con bonos asciende a US$ 7.728,0 millones, que representa el 51,3% del total; le sigue los préstamos por US$ 6.808,5 millones, que equivale al 45,2% y las inversiones realizadas bajo al Ley N° 5074/2013 de “llave en mano” por 517,2 millones, 3,4% del total.
Administración central y descentralizada
A la administración central le corresponde de este total de deuda, unos US$ 13.433,8 millones, lo que representa el 32,6% del PIB; en tanto a las entidades descentralizadas US$ 1.619,9 millones, que equivale al 3,9% del PIB.
La ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) engloba en la administración central a las instituciones componentes del Poder Ejecutivo (ministerios, secretarías), del Poder Legislativo (Congreso, Senadores, Diputados) y el Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia y organismo auxiliares); la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura.
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Las cuentas de este sector se pagan con recursos genuinos provenientes de la recaudación tributaria o con operaciones de “bicicleteo” de deuda mediante la emisión de nuevos bonos del Tesoro.
En las entidades descentralizadas, por su parte, se agrupa a las gobernaciones, empresas públicas (ANDE, Petropar, INC y otros), entes autárquicos y autónomos, entidades de seguridad social, entes financieros oficiales, entre otros.
La deuda de este sector se abona con los recursos que generan las instituciones públicas mediante el servicio que prestan, pero tienen la garantía del Tesoro Público, que implica que si no pueden cumplir por algún motivo con sus compromisos, el Tesoro deberá hacerse cargo de las cuotas para estar al día y evitar caer en mora.