El Ejecutivo, a pedido del Ministerio de Hacienda, elevó de US$ 5 millones a US$ 13 millones el monto mínimo previsto para que los proyectos de inversión puedan acogerse a los beneficios fiscales de la referida ley, en cuanto al impuesto a los dividendos y las utilidades (IDU) y el impuesto a la renta de no residentes (INR) sobre préstamos, lo que para algunos podría convertirse en un desincentivo a la inversión.
Orué señaló que para tener los beneficios fiscales, en lo que respecta al IDU e INR, los inversionistas tendrán que presentar el proyecto con un monto mínimo de US$ 13 millones y ser aprobado, pero en el caso de que el monto sea menor igual podrán acogerse a los demás beneficios establecidos en la ley, siempre que esto incida en el crecimiento de la economía.
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El viceministro explicó que se actualizaron los valores para las nuevas inversiones y que esto no afecta a las que están en vigencia, porque los US$ 5 millones de 2004 en el escenario económico actual representa los US$ 13 millones.
En ese sentido, expuso a consideración los aspectos técnicos de la decisión, que señala que el valor de la inversión estipulado en la ley 60/90 de US$ 5.000.000 es actualizado a cifras del 2022, teniendo como factor de ajuste el índice de precios al consumidor (IPC) entre enero de 2004 y noviembre de 2022 obteniendo un parámetro de ajuste de 2,613, alcanzando el monto de US$ 13 millones en términos redondeados.
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Se reducirá el gasto tributario
Además, menciona que la Ley 60/90 genera un gasto tributario por el régimen de importación, con lo cual, al considerar los aranceles aduaneros y el impuesto al valor agregado (IVA), representan un monto anual que asciende a G. 86.265 millones (US$ 12 millones al tipo de cambio).
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“Este monto representa el gasto tributario aproximado anual por el otorgamiento de beneficios bajo el régimen de la Ley 60/90 considerando el monto US$ 5.000.000 fijado en el año 2004, con la actualización se trata de reducir el gasto tributario por los beneficios bajo este régimen”, afirma.