Cargando...
Los analistas económicos locales, empresarios de diversos sectores y de organismos financieros internacionales coinciden en la necesidad de avanzar en el proceso de reforma del Estado, para hacerlo más ordenado, moderno, eficiente y sostenible.
El paquete de reformas pendientes, que deberá impulsar el nuevo gobierno de Santiago Peña incluye, entre otros, el de la Caja Fiscal y del sistema de pensiones del país, la reestructuración del Estado, de la salud y la educación, así como también de la función pública.
Lea más: El proyecto de ley del Gobierno que busca “sanear” función pública
La reforma de la función pública es uno de los temas que generará una fuerte oposición de los funcionarios, tal como ya lo adelantaron el año pasado algunos sindicatos tras la presentación del proyecto de ley al Congreso.
En este contexto no será fácil conseguir que los parlamentarios avancen en el estudio del plan, atendiendo el caudal electoral que representan los funcionarios, principalmente para el Partido Colorado, aunque la ventaja que tiene el nuevo gobierno de Peña es que su partido tendrá mayoría en Diputados y en Senadores.
Proyecto de ley de reforma de la función pública
El gobierno saliente del presidente Mario Abdo Benítez (ANR) presentó en octubre del año pasado el proyecto de ley de la función pública y de la carrera del servicio civil, documento que está a consideración de diversas comisiones del Senado.
Según argumenta en la presentación, resulta necesario elaborar un nuevo marco regulatorio para la administración pública, que apunte esencialmente a unificar el marco jurídico administrativo de todo el sistema de la función pública, poniendo fin a la multiplicidad de normativas que la rigen e instituyendo la tan anhelada carrera del servicio civil en el sector público.
Lea más: Exviceministro llama la atención sobre acuerdo de reforma pendiente desde 2003
Explica que la ley será aplicable a todos los organismos de la administración central, a las entidades descentralizadas y a las municipalidades, quedando excluidos el personal que presta servicio en las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
Un informe que había elaborado el Ministerio de Hacienda sobre el proyecto de ley, indica que en 2020 el servicio civil estaba compuesto por un total de 253.388 funcionarios, entre el personal administrativo, de salud, de educación, militares y policías.
Lea más: FMI espera continuidad de los planes de reformas tras cambio de Gobierno
El presupuesto vigente 2023, sin embargo, asigna 316.897 cargos, distribuidos en las instituciones componentes de la administración central y de las entidades descentralizadas, aunque los datos con respecto a cuántos cargos están vacantes no dieron a conocer.
Además, el gasto salarial dentro del presupuesto representa casi el 30% y en la administración central las remuneraciones se llevan anualmente alrededor del 74% de la recaudación tributaria, cifra que crece cada año, teniendo en cuenta el aumento salarial y de beneficios que otorgan a determinados sectores.
Desorden en la función pública
El Ministerio de Hacienda, en su informe sobre el proyecto de reforma que presentó al Congreso, argumenta también que hay desorden en la función pública, atendiendo que no existe carrera administrativa, hay inequidad salarial, que no se considera la disponibilidad de recursos del fisco, la falta de especialidad de los jueces instructores, dificultad para acceder a puestos directivos e ineficiencia de los servicios públicos.
Lea más: Presupuesto tiene asignado 316.897 cargos de funcionarios permanentes
El proyecto apunta a establecer concursos públicos como única vía de entrada a la carrera del servicio civil, salarios justos y acorde a la responsabilidades y obligaciones, la meritocracia como factor determinante para construir una administración pública más íntegra, transparente, eficiente y efectiva, entre otros, dice la cartera.
Un tema que incluye el proyecto es la inhabilidad para ingresar a la función pública y la destitución, que están relacionadas con actos de corrupción, como el soborno, tráfico de influencia, lavado de dinero o bienes, asociación criminal.