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El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, confirmó ayer a ABC que el dictamen de la Contraloría General de la República agregarán al expediente y que en un lapso de 15 días tendrían la resolución del caso.
La DNCP, por segunda vez, deberá decidir sobre el seguro médico vip que adjudicó el Ministerio de Hacienda al Consorcio Salud SD, por un monto total de G. 61.972 millones (US$ 8,5 millones).
El dictamen que emitió esta semana la Contraloría da cuenta de una serie de irregularidades e inconsistencias que había detectado en el análisis de los documentos entregados por Hacienda, por lo que recomendó la cancelación de la licitación.
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La entidad de control sostiene que considerando las inconsistencias señaladas sobre el pliego de bases y condiciones (PBC) se concluye que “podría ser un indicio de direccionamiento de la contratación”.
Dictamen detecta discrepancia
El documento menciona, entre otros, que existe discrepancia en criterios y requisitos, cambios en el pliego de bases y condiciones (PBC) respecto a años anteriores, que tras la comparación de los PBC utilizados anteriormente en contrataciones de seguro médico de los años 2017, 2018, 2019, 2021 se constaron discrepancias en algunos criterios y requisitos exigidos para la evaluación de la experiencia y capacidad técnica establecidos en el PBC actual.
También señala que no tienen la debida justificación documental que demuestre, objetiva y técnicamente, las razones por las que fue necesaria la modificación de tales criterios; que también observaron un cambio notorio en cuanto al porcentaje de facturaciones y/o contratos exigidos sobre el monto total ofertado y en la cantidad determinada de años requeridos, como así también, en los años requeridos para evaluación de la antigüedad en el ramo.
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El dictamen fue comunicado a Hacienda y a Contrataciones Públicas, dejando en claro que la revisión efectuada se limitó al seguro médico, conforme a los antecedentes publicados en el portal de la DNCP y a los documentos remitidos por la convocante.
Al respecto menciona que la cancelación se recomienda conforme a lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley 2051/03, que en su parte pertinente dispone: “Las convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera podrán cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas (...) o de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, las entidades y a las municipalidades, en todos los casos de cancelación de la licitación, los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna”.
Hacienda, el último jueves, a través de un comunicado negó que haya direccionado la licitación y argumentó que, por el contrario, la intención fue permitir la mayor participación y competitividad en el mercado, con el máximo respeto de las normativas legales vigentes y en el marco de la mayor transparencia que demanda un acto de esta naturaleza.
Proceso de adjudicación
La cartera adjudicó la licitación al Consorcio Salud SD, por primera vez, el 19 de enero, luego firmó el contrato con el referido adjudicatario y el 14 de febrero el servicio entró en vigencia para los funcionarios de la institución.
La empresa Santa Clara S.A Medicina Prepaga, que participó de la licitación, presentó posteriormente una protesta ante la DNCP y pidió la anulación de la adjudicación por supuestas irregularidades.
Contrataciones Públicas hizo lugar al pedido, anuló la adjudicación y ordenó a Hacienda que reañoce una reevaluación de las ofertas presentadas.
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Luego del análisis de los documentos y dentro del plazo de 40 días que se le otorgó, la cartera fiscal se ratificó en su decisión inicial a favor del Consorcio Salud SD, lhecho que motivó otra protesta de Santa Clara S.A y el caso quedó nuevamente a instancias de la DNCP para una resolución final.
Contrataciones Públicas podría confirmar la adjudicación, cancelar o, eventualmente, ordenar otra revaluación, según indicó Seitz a ABC.
La Contraloría General, por su parte, abrió el 29 de marzo una investigación sobre el proceso de adjudicación llevado a cabo por la cartera económica y concluyó el último 8 del presente mes con un dictamen recomendando la cancelación del contrato.