Hacienda oculta quiénes son los beneficiarios finales

El Ministerio de Hacienda no individualiza los beneficiarios finales de empresas del país pese a varios pedidos vía Ley de Acceso a la Información Pública (AIP). Al ser consultados sobre el ocultamiento, tras meses de insistencia, funcionarios alegaron que el sistema está “en mantenimiento” y que entregarían los datos en 30 días.

Carlos Ramos (i), Gerar Roger y Pedro Acuña, funcionarios de Hacienda alegaron ante ABC que el sistema está en mantenimiento, lo cual no se reportó en el expediente planteado vía Acceso a Información Pública (AIP).
Carlos Ramos (i), Gerar Roger y Pedro Acuña, funcionarios de Hacienda alegaron ante ABC que el sistema está en mantenimiento, lo cual no se reportó en el expediente planteado vía Acceso a Información Pública (AIP).gentileza

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El Ministerio de Hacienda (MH), cuyo titular es Óscar Llamosas, no divulga nombres de accionistaa de las empresas y orgnizaciones del país, pese a que hoy ya rige la Ley N° 6446/19 que crea el registro administrativo de personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales. ABC lo requirió tres veces vía AIP pero la cartera se limita a brindar una lista de sociedades, sin la identidad de quiénes se favorecen con las actividades de las mismas.

Las solicitudes se realizaron mediante los expedientes N° 65.918 y N° 67.130. En este último se planteó una reconsideración de la respuesta, pues Hacienda brindó sólo una lista de sociedades y no de los beneficiairos finales -que fue lo solicitado-, pero nuevamente dio una respuesta incompleta.

De esta manera, se agotaron las instancias estipuladas en la Ley N° 5282 de Acceso a Información Pública y sólo queda recurrir a un amparo judicial.

Llamativamente, existe un pedido similar del 2021 (Exp. N° 56.771), en el que Hacienda sí entregó el listado de todos los beneficiarios finales. Pero ahora se niega y al parecer, se intenta “pasar la pelota” al próximo gobierno.

En 30 días

Es que ABC, a través de la oficina de Comunicación del MH, consultó sobre el ocultamiento de los datos públicos al responsable de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, Gerard Benítez Cowan, quien indicó que la base de datos se encuentra en proceso de depuración y esa labor se desarrolla con funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MITIC).

“En 30 días se brindará lo requerido, es el tiempo estimado en que concluiría el trabajo”, prometió. Pero la ley es muy clara y todos los entes públicos están obligados a responder en 15 días los pedidos de AIP.

Benítez no pudo responder por qué no se dejó constancia en los expedientes abiertos de AIP que ellos “no pueden” dar los datos por la situación del trabajo con MITIC, en lugar de enviar respuestas incompletas o imprecisas. Tampoco recurrieron a solicitar una prórroga a las solicitantes.

Conforme se aprecia en el portal unificado, la Dirección de Transparencia de MH plantea que esta cartera cumple con su obligación de brindar datos públicos, en tiempo y en forma. Pero al revisar el contenido de los documentos adjuntos, se puede constatar que la respuesta no es lo que se pidió. Vale decir, el ministerio incumple la ley de transparencia.

Al respecto, Benítez sólo insistió en que se facilitará lo requerido en el plazo de 30 días, en la misma vía. Llamativamente, muy cerca del cambio de gobierno, como si quisiera “pasar la pelota” de la entrega de estos datos sensibles, pero públicos, a la siguiente administración de la cartera.

¿Por qué es importante?

Los beneficiarios finales son los directivos, gerentes y accionistas, entre otros, que se favorecen con los dividendos o control de las empresas, comentó el abogado y activista por el libre acceso a la información pública que está en poder del Estado, Federico Legal.

Recalcó que el espíritu de la normativa de beneficiarios finales es la transparencia, incluso la propia ley, en su artículo 10, estipula su publicación. “Anteriormente existían las sociedades anónimas, y tal como dice su nombre, los involucrados eran anónimos. Ahora las acciones son nominativas y por lo tanto, tienen que estar aparejadas a las personas. Así se sabe quiénes son los dueños de las firmas”, dijo.

Toda esa base de datos es clave para conocer a los políticos o grupos empresariales de poder que están detrás de las proveedores del Estado, por ejemplo, ya que hasta ahora, sólo se conocen a los representantes legales.

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