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El referido proyecto de ley fue presentado a consideración del Congreso a fin de julio, con el objetivo de establecer principios y reglas sobre la organización administrativa del Estado, para uniformar criterios que permita a las entidades ser más eficientes, de acuerdo con sus fines, recursos y la sostenibilidad de las finanzas.
En ese contexto, otorga un mandato especial de reordenamiento institucional y dispone que a los efectos de asegurar el cumplimiento eficiente y eficaz de los distintos fines institucionales, “el Poder Ejecutivo analizará, en una primera fase y especialmente, la potencial fusión de instituciones públicas o la subrogación de funciones”, en los casos de más de 30 entidades que conforman la lista de entidades.
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El mensaje de la Presidencia de la República señala que, de acuerdo con la Constitución, la función administrativa recae principalmente en el Poder Ejecutivo y sus ministerios, cuyas funciones deben ser determinadas por ley.
Refiere que en la actualidad, en el diseño de organización administrativa de la organización central del Estado, además de los ministerios, existen secretarías ejecutivas, que dependen directamente de la Presidencia de la República y a cuyos titulares se les asigna rango de ministro.
Figura de la secretaría ejecutiva
“Esta figura, de la secretaría ejecutiva, no encuentra una definición para su creación en la Constitución ni en ninguna ley, con lo cual no se tiene claridad con respecto a su naturaleza jurídica y sus funciones”, indica.
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Añade que “existen secretarias que fueron creadas como órganos propiamente de la Presidencia y otras con personalidad jurídica propias y autarquía, asumiendo, en muchas ocasiones, incluso la dirección, gestión y rectoría de asuntos públicos, expresa.
La Presidencia de la República tiene a su cargo alrededor de 14 secretarías y otras 2 están en el presupuesto como entidades autárquicas. De hecho, en el proyecto de ley se propone la fusión de muchas de estas secretarías a los ministerios.